El Ministerio de Sanidad no ha eliminado finalmente del Anteproyecto de Ley Antitabaco la controvertida prohibición de fumar en sus camiones a los conductores asalariados, aunque permita hacerlo al resto de conductores en sus vehículos particulares. La normativa, promovida en septiembre y remitida ya al Consejo Económico y Social para informe, afectará directamente a un colectivo muy numeroso, estimado en unos 300.000 conductores de transporte pesado y unos 60.000 de transporte ligero.
Desde Fenadismer, han exigido la eliminación inmediata de esta medida "totalmente desproporcionada, discriminatoria y perjudicial para la seguridad vial", pues si bien coinciden en la necesidad de reforzar la protección de los menores frente al tabaquismo en espacios compartidos, recuerdan que los camiones y furgonetas son espacios de uso exclusivo del conductor.
En estos vehículos de mercancías no viajan menores ni existe exposición de terceras personas al humo, por lo que resulta incomprensible que se prohíba fumar en un espacio solitario de trabajo si no se hace en los vehículos particulares, donde sí se da frecuentemente la presencia de acompañantes.
Además, la Federación advierte del grave impacto que tendrá en la seguridad en carretera, al ocasionar a los conductores mayor estrés e irritabilidad. Cabe apuntar que estos profesionales deben permanecer hasta 4,5 horas ininterrumpidas al volante antes de su pausa obligatoria de 45 minutos, siendo un trabajo ya de por sí exigente y solitario, lo que incidirá directamente en la atención y la seguridad vial.
Sin alternativas en la práctica
El texto del Anteproyecto tampoco ofrece alternativas viables en la práctica, ya que al estar ya prohibido fumar en áreas de servicio, estaciones, bares o restaurantes de carretera, los conductores tendrán que fumar en arcenes o descampados. Esta situación, además de estar prohibida, multiplica el riesgo de accidentes por atropello e incrementa drásticamente la probabilidad de incendios y daños medioambientales.
Por ello, Fenadismer sigue exigiendo la supresión de dicha prohibición en el texto definitivo de una norma que "no protege la salud de terceros y pone en riesgo la seguridad de las carreteras españolas".
