En el mes de mayo de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló en contra del tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos que estuvo vigente entre 2013 y 2018, y que había sido aprobado para sustituir al llamado céntimo sanitario que se aplicó de 2002 a 2012, y que también fue declarado ilegal por el Tribunal Europeo.
Sin embargo, mientras que con el céntimo sanitario estaba clara desde un inicio la legitimidad de los consumidores afectados a solicitar la devolución al Estado, en el caso de este impuesto Fenadismer recomendaba esperar al pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la aplicación efectiva de la sentencia europea.
Finalmente, la Sala de lo Contencioso del Alto Tribunal español se ha pronunciado el 21 de enero en una sentencia en la que recrimina la actitud pasiva del Ministerio de Hacienda para acreditar que las petroleras hayan repercutido el impuesto a los consumidores: "...tampoco ha sido objeto de debate en el recurso de casación el supuesto reembolso por parte de la compañía petrolera, por medio de repercusión económica, obtenido de los adquirentes de sus productos gravados, ni se trata de un punto que haya sido discutido en la instancia ni, sobre todo, objeto de prueba, cuya carga incumbe a la Administración obligada a la devolución".
De este modo, se establece que el derecho a recuperar el impuesto recaudado de forma ilegal durante los seis años correspondería en exclusiva a las petroleras, por ser las que tributaron por el impuesto. Al mismo tiempo, la sentencia reclama la pasividad de la Administración en acreditar que lo trasladaron a sus clientes, lo que según Fenadismer, permitirá a las petroleras obtener un “pelotazo superior a los 5.000 millones de euros por parte del Ministerio de Hacienda".
Paradójicamente, los transportistas y demás consumidores no llegarán probablemente a recuperar absolutamente nada pese a ser los que lo soportaron de forma efectiva, "generándose una vez más una situación de verdadero enriquecimiento injusto".
