La dirección de la Asociación Nacional de Transportistas de Animales Vivos ha acordado convocar una manifestación y marcha lenta en Barcelona el próximo 8 de septiembre, ante la falta de respuestas y de actuaciones efectivas por parte del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña.
La movilización responde al creciente malestar por la falta de transparencia en determinados procedimientos sancionadores en materia de bienestar animal y, especialmente, por los graves retrasos que se vienen denunciando en la notificación de expedientes sancionadores a las empresas transportistas. Determinadas notificaciones están llegando a las empresas tres e incluso cuatro años después de haberse producido los hechos que originaron el expediente, perjudicando gravemente el derecho de defensa.
ANTA reclama directamente al consejero Òscar Ordeig que actúe de forma inmediata ante una situación que está generando graves perjuicios a numerosas empresas del sector, pues el transcurso de varios años dificulta enormemente poder reconstruir las circunstancias en las que se produjo un transporte, localizar documentación, acreditar los hechos e identificar al conductor o a las personas que intervinieron en la operación.
Durante el último año, la Asociación ha mantenido diversas reuniones con responsables de la Administración catalana para trasladarles esta problemática y encontrar soluciones que permitan garantizar unos procedimientos sancionadores transparentes, ágiles y respetuosos con los derechos de los transportistas.
Sin embargo, ante la falta de actuaciones y soluciones, ANTA considera que ha llegado el momento de que el propio consejero asuma la situación e inicie la revisión de los procedimientos afectados, que determine las causas de los retrasos producidos y que establezca las medidas necesarias para impedir que vuelvan a repetirse.
Movilización el 8 de septiembre
La movilización prevista para el próximo 8 de septiembre puede ser únicamente el inicio de nuevas medidas de presión si no existe una reacción por parte de la Generalitat, dicen desde la Asociación: “Si no se adoptan medidas urgentes, desde ANTA trabajaremos para impulsar la paralización de los movimientos de animales vivos por carretera”.
“No queremos llegar a este escenario, pero necesitamos una respuesta clara y urgente por parte de la Administración”, han advertido. El sector del transporte de animales vivos no se opone a los controles ni al cumplimiento de la normativa en materia de bienestar animal, solamente reclama es que dichos controles y procedimientos sancionadores se desarrollen con criterios claros, transparencia, seguridad jurídica y pleno respeto al derecho de defensa de las empresas.
La movilización tendrá lugar el próximo 8 de septiembre, entre las 7:30 y las 12:00 horas. Está prevista una marcha lenta de vehículos vinculados al transporte de animales vivos, que partirá desde la Zona Franca de Barcelona y realizará su recorrido hasta las inmediaciones de la sede del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña.
El recorrido provocará importantes afectaciones a la circulación, especialmente en la zona de la Gran Via de les Corts Catalanes, con el objetivo de visibilizar la situación que atraviesan las empresas y reclamar una respuesta inmediata. En cualquier caso, tendrá en todo momento un carácter cívico y pacífico.
Revisión y anulación de los expedientes afectados
Cabe apuntar que se ha solicitado al Departamento la revisión y anulación de los expedientes sancionadores afectados por estas deficiencias correspondientes al periodo entre 2023 y mediados de 2026. La asociación fundamenta esta petición en los retrasos injustificados en las notificaciones, las posibles deficiencias en la gestión de determinados procedimientos y el perjuicio que todo ello provoca al derecho de defensa de las empresas sancionadas.
La Administración debe analizar los procedimientos afectados y adoptar las medidas necesarias para evitar que errores o retrasos administrativos terminen repercutiendo económicamente sobre empresas que, años después de los hechos, encuentran enormes dificultades para acreditar lo sucedido y ejercer adecuadamente su defensa.
Por otro lado, la asociación viene trasladando desde hace tiempo que la actual regulación provoca, en numerosas ocasiones, que la normativa en materia de transporte y la normativa de bienestar animal sean difíciles de compatibilizar en la práctica, lo que genera inseguridad jurídica y dificultades en el día a día de las empresas, que deben cumplir simultáneamente con una normativa de transporte muy exigente y con unas obligaciones específicas en materia de bienestar animal.
Desde ANTA se considera imprescindible que ambas regulaciones sean coherentes entre sí, por lo que ha advertido tanto al Gobierno como a la Comisión Europea de que es necesario abordar esta problemática, trabajando con el sector en la creación de un marco normativo adaptado a la realidad del sector, que permita compatibilizar las obligaciones derivadas de la normativa de transporte con las exigencias en materia de bienestar animal, evitando contradicciones, solapamientos normativos y situaciones que puedan dificultar el desarrollo de la actividad.
