La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España ha denunciado públicamente la "alarmante" situación detectada desde que ha empezado el mes de septiembre en una gran parte de la red de estaciones de servicio de todo el país. Numerosas gasolineras no han trasladado al precio final del diésel la rebaja fiscal de 20 céntimos por litro contemplada en el segundo Paquete de ayudas aprobado por el Real Decreto-Ley 18/2026.
La activación de esta rebaja máxima responde de forma directa a la cláusula de salvaguarda recogida en la normativa, tras haberse superado los umbrales de inflación interanual. Sin embargo, la picaresca y la falta de transparencia de muchos operadores minoristas están provocando que este descuento fiscal, diseñado para amortiguar el fortísimo repunte del crudo, se esté quedando íntegramente en los márgenes de beneficio de las petroleras y las gasolineras, en lugar de aliviar el bolsillo de los consumidores y del sector.
Para los profesionales del transporte por carretera, este incumplimiento agrava de forma crítica la situación de incertidumbre que ya venía denunciando la Federación. La inestabilidad del sistema variable de ayudas provoca que el colectivo de transportistas acogidos al gasóleo profesional sufra este mes un drástico recorte en sus bonificaciones directas, que caen a tan solo 5 céntimos por litro en septiembre debido a los complejos mecanismos de cálculo mensuales.
Si a esta merma de las ayudas directas de la patronal se le suma que las estaciones de servicio absorben "de forma ilícita" la bajada fiscal del diésel general, el sector queda en una posición de total indefensión y con unos costes de explotación "completamente inasumibles".
Por ello, ante la gravedad de los hechos constatados, Fenadismer ha exigido al Gobierno una intervención e inspección urgente a través del Ministerio para la Transición Ecológica, con el fin de auditar los surtidores de forma inmediata, así como la actuación directa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, abriendo expedientes sancionadores a aquellas estaciones de servicio que hayan alterado o inflado artificialmente sus tarifas para absorber el impacto del descuento fiscal.
Fenadismer continuará recopilando datos de precios a lo largo de la semana y no descarta emprender medidas legales colectivas si las autoridades no corrigen de inmediato este "intolerable atropello" a la economía de los transportistas y de los ciudadanos. En todo caso, de cara a una previsible prorroga de las ayudas a partir de octubre, la Federación solicitará la revisión urgente del marco de ayudas para establecer un sistema predecible y blindado frente a las fluctuaciones del mercado y los posibles abusos de los canales de distribución.
