El Parlamento Europeo ha alcanzado un acuerdo con el Consejo Europeo sobre el reglamento CountEmissionsEU, que establece un enfoque común en la UE para el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte por carretera, tanto de mercancías como de pasajeros.
El texto final, no obstante, confirma que solamente las empresas de transporte que ya informan sobre sus emisiones, o que están legalmente obligadas a hacerlo, estarán sujetas a este reglamento, pues se entiende que una aplicación obligatoria generaría costes y cargas excesivas para el sector.
Los Estados miembros podrán exigir a los grandes operadores de transporte, por encima de un umbral nacional de empleados, el uso de datos primarios de emisiones en servicios nacionales, pero el requisito no se aplica a las operaciones transfronterizas, en tránsito ni de pymes, donde seguirá siendo posible el uso de datos secundarios. El reglamento también permite reutilizar datos de emisiones ya aprobados bajo otra legislación de la UE, sin necesidad de una verificación adicional.
La metodología de referencia es la norma EN ISO 14083:2023, que establece reglas y principios globales para el cálculo de emisiones con un enfoque “well-to-wheel”, cubriendo desde la producción del combustible hasta su uso. Además, la Comisión Europea desarrollará una herramienta gratuita de cálculo, acompañada de un manual, para facilitar la implementación.
Para comparar mejor los datos de emisiones, la Comisión, con el apoyo técnico de la Agencia Europea de Medio Ambiente, creará dos bases de datos a nivel de la UE con valores por defecto de intensidades de emisiones y factores de emisión de los portadores energéticos del transporte. También podrán utilizarse otros conjuntos de datos de terceros, sujetos a una verificación técnica a nivel europeo.
Revisiones y herramientas
El reglamento prevé una revisión cuatro años después de su aplicación, que evaluará la carga administrativa, el uso de datos primarios y posibles desarrollos futuros, como la divulgación obligatoria de emisiones y la ampliación a otros impactos ambientales, como contaminantes del aire y emisiones del ciclo de vida de los vehículos.
Desde la Organización Internacional del Transporte por Carretera, IRU, consideran que “una metodología común para medir las emisiones es la base de una formulación de políticas tecnológicamente neutra, una competencia justa y un progreso medido y creíble hacia la descarbonización”. El siguiente paso será la implementación del reglamento, para lo que será necesaria una guía clara, así como herramientas prácticas para ayudar a las empresas a aplicar el marco normativo sin generar mayor carga administrativa.
