La crisis del Mar Rojo, los objetivos de descarbonización o la evolución de la Mesa de Coordinación de la Carga Aérea, han sido algunas de las cuestiones tratadas en la reunión de la Asociación de Cargadores de España con Benito Núñez, secretario general de Transporte Marítimo y Aéreo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Respecto al impacto de la crisis del Mar Rojo en los servicios de líneas de portacontenedores, Núñez manifestó que los puertos españoles están operando con normalidad y tienen margen para absorber las consecuencias de esta disrupción si el conflicto no se resuelve rápido.
El 1 de enero entró en vigor el Sistema de Comercio de Derechos de Emisión, que continuará por la senda trazada por la UE, sin modificaciones ni moratorias. No obstante, según Nuñez, podrían estudiarse cuestiones parciales destinadas a corregir un escenario que impulsa a las navieras a transbordar en puertos próximos situados fuera de la UE.
En este sentido, aunque está prevista la entrada en vigor en 2027 del ETS para buques de arqueo bruto entre 400 y 5.000 toneladas, todavía se debe definir el sistema, teniendo en cuenta la dificultad que entraña para pequeños armadores y lo laboriosa que sería la tarea de control para la Administración.
Los cargadores, por su parte, han manifestado su preocupación por la existencia de una flota de barcos pequeños muy envejecida, pues los armadores europeos se deshacen de ellos y los adquieren empresas de fuera de la UE que siguen ofreciéndolos al mercado en condiciones muy precarias. Por ello, proponen establecer incentivos para renovar esta flota por parte de los armadores europeos.
Por otro lado, el secretario general ha informado de la intención de dar continuidad a la Mesa de Coordinación de la Carga Aérea y a sus grupos de trabajo. En relación a la elaboración de un observatorio de la carga aérea, el Ministerio está trabajando en ello, estableciendo los indicadores y recopilando fuentes de datos.
Por último, Núñez explicó que la Ley de Movilidad Sostenible, cuyo proyecto comenzó su tramitación en el Congreso de los Diputados y más tarde decayó por la disolución de las cortes, deberá estar aprobada antes del diciembre de este año, puesto que se trata de uno de los compromisos de España para el cobro de las ayudas del Plan de Recuperación.
