El Comité de Empresa de la Autoridad Portuaria de Barcelona se ha concentrado la semana pasada ante el Consejo de Administración para trasladar su preocupación por el anuncio de la empresa sobre posibles recortes que tendrían un gran impacto directo en las condiciones salariales del personal sujeto a Convenio Colectivo. De hecho, se calcula que afectaría a más de 400 trabajadores, estimando el recorte salarial por trabajador en una pérdida económica del 17,5% en algunos conceptos salariales.
El problema versa, según el comité, en la interpretación sesgada que realiza la Intervención General de la Administración del Estado sobre algunas partidas salariales. La dirección de la Autoridad Portuaria, pese a no compartir el contenido del informe de la IGAE, se plantea asumir sus conclusiones y presentar medidas correctoras antes de finales de julio, incluso sin acuerdo con la representación social.
Y es que el informe cuestiona conceptos salariales plenamente consolidados, recogidos en el Convenio Colectivo y en acuerdos de empresa vigentes desde finales de los 90. La parte social subraya que "el problema no es responsabilidad de la plantilla", sino consecuencia de disfunciones en el propio sistema por el "incumplimiento sistemático del gobierno central a través del Ministerio de Hacienda".
Así, aseguran que, desde 2023, se ha bloqueado el cumplimiento del III Convenio Colectivo de Autoridades Portuarias y Puertos del Estado, que aprobó en 2019 el mismo Ministerio. Esta falta de actualización de las masas salariales deriva en una ficticia desviación, además de desacreditar conceptos consolidados por la plantilla de más de 25 años en algunos casos.
Desde el sindicato, apuntan también que la Autoridad Portuaria de Barcelona cerró en 2025 con una cifra de negocio de 206 millones de los que 14 son aportados directamente al sistema portuario estatal, además de seis millones que el puerto pagó a Hacienda en concepto de Impuesto de Sociedades, pero "es este mismo organismo de recaudación quien incumple con las masas salariales de la misma plantilla que trabaja para que esa cifra de negocio sea posible".
Finalmente, los representantes de los trabajadores han pedido a los miembros del Consejo de Administración no aprobar ninguna medida que implique recortes salariales y promover una aclaración de la situación con las autoridades competentes.
Además, se va a elaborar un calendario de movilizaciones para este mismo verano si no se revierte el posicionamiento de conflicto. La primera está prevista para el 22 de julio, cuando se celebrará el siguiente Consejo de Administración.
