Ecologistas en Acción ha presentado en el Juzgado de Noia, en La Coruña, una demanda penal contra la armadora propietaria del portacontenedores 'Toconao', con bandera de Liberia, y contra su capitán.
La acción judicial, realizada junto con Plademar Muros-Noia, atribuye a la empresa un presunto delito contra el medioambiente y los recursos naturalespor la afectación a las costas gallegas con un vertido de millones de pellets de plástico.
Desde Portugal, se emitió un informe el 8 de diciembre apuntando que este buque, donde viajaban algo más de 26 toneladas de pellets, había perdido seis contenedores frente a las costas de Viana do Castelo. La información se trasladó a la Agencia Europea de Seguridad Marítima, así como a las autoridades lusas y españolas.
El Gobierno español, a su vez, asegura que tuvo conocimiento de la llegada de pellets a las costas gallegas el 13 de diciembre. La divergencia se da en el momento en el que se conoció su posible origen, pues la Xunta sostiene que solo conocían la llegada puntual de estos elementos y que no fueron informados de las dimensiones de la situación hasta el 3 de enero.
Consecuencias
Según Ecologistas en Acción, la marea de pequeñas bolas de plástico blancas ha afectado a 10 espacios protegidos de la Red Natura 2000, así como al Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas, al Parque Natural de Corrubedo y a numerosas zonas de costa y arenales, indica la organización.
Asimismo, ha destacado los daños sustanciales a la calidad del agua, a los suelos de las playas, animales y plantas de estos ecosistemas, además del riesgo de perjuicios a la salud.
Los pellets de plástico son bolas de cinco milímetros de diámetro que, por su forma y tamaño, atraen a numerosas aves, peces y crustáceos, pero al ingerirlos, los plásticos entran en la cadena trófica y, con frecuencia, provocan la muerte del animal.
Igualmente, sus sustancias contaminantes quedan en los tejidos de los animales, y la descomposición de los pellets genera micropartículas y nanopartículas imposibles de eliminar que son ingeridas por el plancton y organismos filtradores.
En su demanda, la organización ha pedido al Juzgado que imponga una caución a la empresa demandada de no menos de 10 millones para acometer los costes de restauración. A su vez, anima a las Administraciones afectadas y a otras organizaciones sociales a personarse como acusaciones. Por otro lado, ha demandado un cambio en el sistema de producción y en el modelo económico global, que "asume riesgos de los que después no se hace cargo".