La Asociación de Operadores de Recarga Ultrarrápida ha advertido de que el desarrollo de la infraestructura de recarga en España sigue enfrentándose a retrasos que pueden alcanzar hasta los 36 meses, especialmente en los procesos de conexión a la red y tramitación administrativa.
Los seis miembros fundadores de AORU -Allego, Electra, Fastned, Powerdot, Tesla y Zunder-, han invertido ya 150 millones de euros en España y desplegado más de 2.000 puntos de recarga ultrarrápida, que permiten recargar un vehículo en menos de 20 minutos. Sin embargo, la situación actual dificulta acompasar el ritmo inversor con el crecimiento del vehículo eléctrico y limita la capacidad del sector para anticiparse a la demanda futura.
Así se ha explicado recientemente en las primeras Jornadas Parlamentarias organizadas por la Asociación en el Congreso de los Diputados. En ellas, se ha puesto en valor la posición de España como segundo mayor productor de automóviles de Europa y la necesidad de mantener este liderazgo en un momento de transformación, alineando la electrificación del parque móvil con el desarrollo efectivo de la infraestructura de recarga.
Impulso de la recarga ultrarrápida
Si bien la inversión ya está comprometida, requiere condiciones que permitan su ejecución. La recarga ultrarrápida, como indican desde AORU, debe integrarse como parte estructural del sistema de movilidad eléctrica y no como un elemento accesorio, subrayando su papel en la configuración de un modelo energético más eficiente y competitivo.
Asimismo, han destacado la existencia de una brecha entre la percepción del usuario y la realidad de la red disponible, lo que en algunos casos, sigue condicionando la adopción del vehículo eléctrico. En este contexto, el eurodiputado Raúl de la Hoz ha puesto el foco en la necesidad de acercar el conocimiento técnico al ámbito legislativo, destacando la importancia de que el regulador entienda la realidad del sector para poder avanzar en marcos más eficaces.
Por su parte, Arancha García, directora de Industria y Medioambiente de Anfac, ha subrayado que la iniciativa pública y privada deben ir de la mano para “avanzar en cantidad, calidad y capilaridad en el despliegue de la infraestructura de recarga”. En la misma línea, Isabel del Olmo, jefa de Movilidad Sostenible del IDAE, ha insistido en la necesidad de “utilizar de forma más eficiente la red existente, evitando acaparamientos y duplicidades en el acceso y la conexión”.
Medidas para acelerar el despliegue
La Asociación ha aprovechado la ocasión para presentar la hoja de ruta Charging4Impact, orientada a facilitar el desarrollo del sector y a acompasar el ritmo inversor con las necesidades de electrificación del transporte. El documento pone el foco en la necesidad de introducir mayor previsibilidad y seguridad regulatoria en el desarrollo de los proyectos.
En concreto, se considera prioritario trabajar en la implementación de seis medidas urgentes:
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Plazos concretos y vinculantes: Obligación legal para que las distribuidoras eléctricas respondan a las solicitudes de conexión en un máximo de 30 días hábiles, acompañado de un sistema de sanciones por su incumplimiento.
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Transparencia en la red: Publicación de mapas unificados de capacidad disponible con alto nivel de detalle espacial, mostrando la visibilidad en líneas individuales de media tensión y no solo en subestaciones.
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Fin de las denegaciones opacas: Prohibición a las distribuidoras de denegar el acceso a la red sin ofrecer explicaciones claras y alternativas viables.
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Desbloqueo municipal: Aplicación efectiva, unificada y homogénea de la Declaración Responsable en todos los municipios, acompañada de un mecanismo de silencio administrativo positivo tras tres meses.
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Identidad propia para el sector: Creación inmediata del epígrafe CNAE 35.17 para los servicios de recarga, evitando requisitos obsoletos y evolucionando hacia un modelo de licitaciones públicas específicas, que reconozca la singularidad técnica de las electrolineras.
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Certidumbre en los incentivos: Evolución del Plan Auto 2030 hacia un sistema de adjudicación directa y armonizada.
Desde el ámbito institucional, el director general del IDAE, Miguel Rodrigo, ha apuntado la necesidad de seguir avanzando en el desarrollo del marco normativo existente, y ha trasladado la disposición del organismo a seguir colaborando con el sector para mejorar la ejecución de los proyectos y optimizar los plazos de desarrollo.
