El pasado mes de agosto, Delivery Hero, propietaria de Glovo, anunciaba "una incertidumbre significativa respecto a la capacidad de Glovo para continuar como empresa en funcionamiento" en España como consecuencia de reclamaciones judiciales y multas por el uso de falsos autónomos.
Pocos meses antes, en mayo, la plataforma cerraba un acuerdo con UGT para laboralizar todos sus repartidores y de este modo adaptar su modelo laboral a la normativa española y europea.
Crónica de una agonía anunciada
Sin embargo, esta misma semana, tras ambos pasos que anunciaban claramente lo que estaba por venir, Glovo ha empezado a negociar con los representantes sindicales de su plantilla un expediente de regulación de empleo que afectará a 750 repartidores.
Además, la compañía también reducirá su servicio en 63 localidades del país para evitar echar el cierre.
Glovo fundamenta la medida extintiva de la relación laboral en causas organizativas y productivas. Para la empresa, su sistema algorítimico de reparto "ha demostrado ser ineficiente y ha provocado una notable caída en la calidad del servicio".
La reacción sindical no se ha hecho esperar y diversos comités de empresa de Glovo en diferentes partes del país han anunciado que recurrirán ante los Tribunales el ERE.
Lejos quedan las primeras elecciones sindicales de Glovo en España, que se celebraron el pasado mes de septiembre, en Navarra e incluso la puesta en marcha un consejo asesor con fuerte peso político y empresarial para afrontar su cambio de modelo laboral
