Los acuerdos restringen, según la CNMC, la libertad de contratación de estibadores.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya ha terminado el expediente abierto hace un año con motivo de la modificación del IV Acuerdo para la regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba y, tal y como se esperaba, la multa, a falta de que se haga pública definitivamente, superará los siete millones de euros.
El organismo regulador estima, tal y como avanzaba al inicio del procedimiento, que los acuerdos alcanzados restringen la libertad de contratación de trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías y, de igual modo, también coartan la libertad de las empresas titulares de la licencia para la prestación de dicho servicio de participar o no en sociedades cuyo objeto social sea la puesta a disposición de los estibadores.
Del total de la multa, 6,19 millones de euros corresponden a Anesco, 300.000 euros para Comisiones Obreras y UGT, respectivamente, 200.000 euros a la Confederación Intersindical Galega, 120.000 a LAB, 40.000 a ELA y 4.000 a Coordinadora. Así mismo, ahora Competencia da un plazo de 15 días a todos los sancionados para que puedan presentar alegaciones.
En este sentido, UGT, a la espera de un análisis en profundidad del dictamen de Competencia por sus servicios jurídicos, se inclina por alegar contra la decisión, al tiempo que estima, en una primera lectura del texto de la CNMC, un "auténtico disparate" la distribución que ha hecho el organismo de las cuantías de la multa entre los diferentes actores.
De igual modo, también despierta suspicacias la abultada multa que se ha impuesto a Anesco y que podría estar dirigida a desactivar el papel de esta patronal en la negociación a nivel nacional, algo que, de suceder finalmente, trasladaría el ámbito de discusión a cada puerto en concreto.
Así mismo, en los próximos días podrían producirse reuniones entre los diferentes sancionados para coordinar acciones de respuesta a la multa impuesta, a la vista de que, en opinión de diversos expertos en Derecho, los acuerdos de subrogación suscritos y objeto de la multa son acordes con el ordenamiento jurídico español y europeo.
Por último, la decisión de la CNMC, aunque parecía cantada, añade más incertidumbre a unas negociaciones laborales en el ámbito de la estiba, que, por otra parte, espera el desarrollo reglamentario que ha de terminar el Gobierno para poder concluir acuerdos en un marco de estancamiento.