El Comité Nacional del Transporte ha decidido acudir a la Justicia para recurrir el Decreto de ayudasdel Gobierno para la renovación de flotas.
Las arganizaciones empresariales del sector pretenden que estas subvenciones, con un presupuesto de 174 millones de euros, incluyan también a los camiones de gas, así como a vehículos industriales diésel de última generación.
El sector está profundamente molesto porque no se ha tenido en cuenta la realidad existente en la oferta de vehículos industriales en el mercado.
El Comité Nacional pide, en consecuencia, la suspensión cautelar parcialde este plan de ayudas, a la vista de la discriminación que, a su juicio, supone que la nueva línea de ayudas sí contemple la posibilidad de la compra de autobuses propulsados a gas.
Las ayudas solo se dirigen a la adquisición de vehículos eléctricos, cuya oferta en el mercado es, según las patronales del transporte, aún muy escasa y sólo limitada para ámbitos muy concretos, así como para la compra de camiones propulsados por hidrógeno, lo que, a juicio de Fenadismer, en la práctica supondrá que las empresas de autobuses y las de recogida de la basura serán las principales beneficiarias de estas subvenciones, pero no las empresas de transporte por carretera.
Frente a ello, la asociación considera que el gas natural, sobre el que existe una gran controversia en la Unión Europea relacionada con las emisiones contaminantes que genera, es hoy en día la única tecnología de propulsión alternativa eficaz al gasóleo para el transporte pesado, con una flota total cercana a los 10.000 camiones en en España.
