Esta misma semana, mientras que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana transmitía su apoyo «para alcanzar en un futuro próximo la viabilidad económico-financiera del puerto de La Coruña», la Xunta de Galicia trasladaba «su profunda decepción por la falta de compromiso del Gobierno de España» con el recinto portuario coruñés.

En definitiva, la reunión celebrada esta misma semana entre el Ayuntamiento de La Coruña, que había impulsado el encuentro, la Xunta de Galicia, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la propia Autoridad Portuaria de La Coruña, Puertos del Estado y Adif parece haber servido para poco más allá del desencuentro institucional.

Así, por ejemplo, por un lado, mientras que el presidente de Puertos del Estado ha manifestado la intención de llevar a cabo una reestructuración de la deuda de la Autoridad Portuaria, con una moratoria hasta 2035, aliviando el escenario de pagos y vinculándola con los activos del puerto, la Xunta echa en cara que ni siquiera se contemple la posibilidad de la condonación de la deuda o el otorgamiento de un ayuda equivalente.

Por otra parte, en relación con el acceso ferroviario al puerto exterior de Punta Langosteira, el Ministerio tiene la intención de solicitar próximamente la ampliación de la Declaración de Impacto Ambiental, de forma que se asegure la vigencia de la misma hasta junio de 2023, mientras que la Xunta considera “decepcionante” que el Gobierno central no concretara hoy un horizonte temporal para la licitación de las obras de la conexión ferroviaria.

En este marco, y como suele ser habitual en estos casos, se ha acordado dar una «patada adelante» con la creación de una comisión de trabajo con miembros de todas las Administraciones para trabajar en la elaboración de un nuevo protocolo que sustituya a los anteriores.