El Gobierno propone que el impuesto de circulación se determine según las emisiones de los vehículos

El gravamen se calculará a través de las diferentes normativas Euro sobre las emisiones de los vehículos y no se tendrán en cuenta argumentos de carácter social.

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Con el objetivo de reducir las emisiones de dióxido de carbono y mejorar la calidad del aire, el Gobierno ha anunciado que pretende modificar durante este año el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, conocido como impuesto de circulación, para vincularlo a criterios medioambientales, con el objetivo de que el nuevo gravamen entre en vigor en 2014.

Así se desprende del texto del Plan Aire 2013-2016 que ya ha sido sometido al preceptivo plazo para la participación pública por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente.

De esta forma, el impuesto de circulación, de competencia municipal, dejará de estar vinculado a los caballos fiscales de los vehículos, y dependerá del grado de contaminación de los mismos, medido por sus emisiones de dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno y partículas.

La reforma de este gravamen, que correrá a cargo de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y se consensuará con la Federación Española de Municipios y Provincias, supondrá gravar más a los vehículos que, "por su antigüedad, producen mayores emisiones a la atmósfera", reza el texto.

El cálculo del tipo de gravamen, que se abona anualmente, se fijará previsiblemente en función de las diferentes normativas Euro sobre emisiones de los vehículos, y "no se tendrán en cuenta argumentos de carácter social".

Además, el Gobierno no aprobará un impuesto rígido, sino que facilitará a los ayuntamientos "un cierto margen de maniobra" para elegir el tipo a aplicar, de forma que en los municipios con mayores índices de contaminación se pueda desincentivar el uso del coche.

El impuesto de circulación aportó a las arcas municipales 2.807 millones de euros en el ejercicio de 2011, un 0,3% más, según los últimos datos disponibles. Los ayuntamientos cuentan actualmente con capacidad para incrementar la cuota en un máximo del 2%.

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