El Plan Estratégico presentado incluye medidas para la renovación del parque.
El mercado de la automoción se ha visto visiblemente deteriorado en los últimos tiempos, tras más de seis meses de descensos en las matriculaciones y con unas previsiones para 2019 que apuntan a una caída de hasta el 3%, según la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones.
En este contexto, el establecimiento del Plan Estratégico de Apoyo Integral al Sector de Automoción para el periodo 2019-2025 supone "un buen punto de partida" para Anfac, que resalta sus medidas para la renovación del parque con planes de achatarramiento, así como la introducción de una fiscalidad basada en criterios medioambientales y orientada a gravar el uso.
También tiene entre sus objetivos el impulso de los vehículos eléctricos y la concesión de ayudas a las inversiones en I+D y a la producción. Para la Asociación, resulta fundamental renovar el parque respetando el principio de neutralidad tecnológica, lo que incluye apostar por los nuevos vehículos de combustión.
De este modo, podría eliminarse por fin "la incertidumbre y la confusión, que, sin motivo, pesa sobre el mercado español y que está lastrando las ventas". Así, dado el momento político que atraviesa el país, reclaman el compromiso de todas las fuerzas políticas con este Plan Estratégico, para que se convierta en un pacto transversal por la industria de la automoción.
Unificación de criterios
En su caso, la Asociación Nacional de Importadores de Automóviles, Camiones, Autobuses y Motocicletas, exige una mayor concreción en todo lo referente a la distribución y venta de automóviles en el territorio nacional, ante la necesidad de renovación del parque automovilístico español, "uno de los más viejos y por tanto más contaminante de Europa".
Desde la Aniacam, creen que es importante hacer hincapié en que se considera vehículos de bajas a emisiones a los equipados con modernos motores diésel y gasolina, para que los ciudadanos no sigan posponiendo su decisión de compra.
Asimismo, reclaman una unificación de criterios y leyes en las administraciones central, regional y local para evitar dispersiones respecto al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el anteproyecto de Ley de Cambio Climático, la Estrategia de Transición Justa y la estrategia del Clima 2030, de forma que los sectores implicados tengan unas reglas claras y un calendario único.