A pocos meses de que los municipios más grandes del país tengan que haber puesto en marcha proyectos de Zonas de Bajas Emisiones, el Real Decreto que regula estas áreas urbanas en detalle sigue sin ver la luz.
Esta norma es capital para que las autoridades municipales puedan desarrollar e implantar sus zonas de bajas emisiones con garantías jurídicas, más allá de las orientaciones publicadas por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
De igual modo, la regulación también es importante para los operadores que realizan servicios de distribución urbana de mercancías y para sus clientes, ya que de ahí saldrán las limitaciones que afectarán a la entrada de los vehículos de reparto más antiguos y contaminantes.
Sin embargo, tal y como ha reconocido Marta Muñoz, subdirectora general de Aire Limpio y Sostenibilidad Industrial del Ministerio Transición Ecológica y Reto Demográfico, en el Congreso Aecoc de 'Smart Distribution' celebrado esta semana en Madrid, el futuro Real Decreto, ya en fase final de elaboración una vez superados los trámites de información pública y de audiencia con la revisión de más de 160 alegaciones presentadas, no va a entrar a regular detalladamente qué vehículos pueden acceder a áreas urbanas de acceso restringido.
Seguridad jurídica y regímenes homogéneos
En este sentido, al parecer, el Real Decreto solo fijará objetivos a cumplir y cada municipio debería determinar cómo los cumple tomando como base de partida las etiquetas de la DGT, para las que tampoco se prevé cambios en lo que queda de legislatura.
Así pues, la norma tendrá un papel destacado a la hora de homogeneizar los sistemas de acceso que se regulen en los 148 municipios obligados a desarrollar zonas de bajas emisiones, con el fin de dotar de mayor segurdad jurídica en las operaciones.
Precisamente estos dos aspectos, un régimen homogéneo y seguridad jurídica, son los elementos fudamentales para unos operadores que necesitan un marco al que atenerse poder abastecer en las condiciones que se regulen a sus clientes de las zonas de bajas emisiones que se desplieguen el año que viene.
En esta misma línea, la Dirección General de Tráfico trabaja para que el registro nacional de vehículos sea un instrumento que permita a los ayuntamientos controlar los accesos a zonas de bajas emisiones y, al mismo tiempo, por medio del acceso público a esta información a través de navegadores, se convierta en una herramienta para que las empresas de reparto sepan en todo momento qué restricciones existen en cada momento en cualquier ciudad del país.
Además, la DGT, tal y como ha señalado Ana Blanco, subdirectora adjunta de Circulación de la DGT, en el mismo Congreso Aecoc de 'Smart Distribution', la institución trabaja con los actores del sector en la elaboración de una guía de recomendaciones para la carga y descarga.
