Transcurrida una semana desde la implantación del nuevo impuesto belga al transporte por carretera, la Asociación de Transporte Internacional por Carretera, (Astic) insiste en que la implantación de medidas proteccionistas en la UE, como la entrada en vigor del nuevo impuesto de kilometraje belga, repercute seriamente en la economía de la Unión Europea al mismo tiempo que amenaza la vertebración de la misma.
Desde la asociación se advierte que el transporte por carretera es estratégico para el desarrollo económico, apoyándose en datos como los publicados por las instituciones europeas, en los que refleja que el 80% de todas las mercancías que transitan por el territorio de la UE se mueve por carretera.
Frente a esta realidad incontestable, desde Astic se subraya la necesidad de que el transporte por carretera sea considerado estratégico.
Su aportación al PIB europeo, del 2%, junto a la flexibilidad que aporta frente a otras modalidades de transporte, debe tenerse en cuenta por las administraciones nacionales y europeas. En cuanto a la generación de empleo en la UE, el sector ocupa a más de cinco millones de personas.
“La carretera vertebra nuestros territorios y permite que el comercio, la industria y el turismo funcionen y se desarrollen para el bienestar de todos los ciudadanos, ponerle trabas y cargas va directamente contra ese bienestar”, apunta Ramón Valdivia, director general de Astic.
La asociación reclama más acción por parte de la UE ya que el mapa impositivo al que debe hacer frente el sector está asfixiándolo. Sólo en España, el transporte por carretera aporta 10.000 millones de euros al año.
La entrada en vigor del nuevo impuesto belga es una muestra de todas las barreras que tiene que salvar el transporte por carretera internacional.
Una mayor carga impositiva conllevaría la desaparición de empresas del transporte, con su correspondiente repercusión en el empleo, y un encarecimiento de los productos para los usuarios al tener que compensar el aumento constante de los gravámenes.
“La desorganización, falta de información y la escasa capacidad de reacción del Gobierno belga en los primeros días de puesta en marcha del nuevo peaje, pone de manifiesto la improvisación con que los Estados aplican tasas impositivas sin tener en cuenta las consecuencias que pueden acarrear”, concluye Valdivia.