Se están estudiando los movimientos de los gestores del grupo, que no han entregado ni el libro de actas ni el de socios.
La organización sindical CGT ha accedido al informe provisional que ha presentado en un Juzgado de lo Mercantil la administración concursal de Unipost, que en septiembre ha entregado a los empleados las certificaciones de salarios pendientes para el Fondo de Garantía Salarial por un importe de 8.830.012,98 euros.
En el documento, se recogen las principales causas de la situación económica a la que ha llegado, como la caída sostenida del 5% anual del mercado en los últimos 10 años o la falta de aplicación del marco regulatorio del sector postal tradicional.
En este sentido, se hace hincapié en que no es posible acceder a la red postal pública en condiciones homogéneas y transparentes, asegurando que "Correos no aplica el IVA en sus relaciones comerciales con clientes". El informe también habla de la "falta de definición de un marco de financiación del operador estatal".
Estas circunstancias serían las que habrían provocado "tensiones de tesorería" en Unipost, que se han visto aumentadas como consecuencia de la interposición de demandas por parte de los trabajadores y han derivado en sentencias que obligan a la empresa a pagar indemnizaciones por casi un millón de euros, sumadas a los retrasos en las nóminas y pagas extra.
Venta de Unipost
La "única opción válida" para mantener la actividad sería la venta de la empresa, por lo que la administración concursal mantiene contactos con posibles compradores. De no materializarse esta operación, deberá procederse a la liquidación, lo que ha llevado a plantear un ERE para toda la plantilla.
Si se produjera la venta de la empresa, con un valor de 18 millones de euros, la subrogación por parte del comprador en la totalidad de los contratos laborales supondría un ahorro para el concurso de 4.849.246,49 euros. Además, el nuevo dueño tendrá que asumir los efectos de la sucesión, como la deuda con la Seguridad Social, que asciende a 4.610.171,52 euros.
Actualmente, se están estudiando todos los movimientos de los gestores del grupo en los últimos dos años, aunque no se ha podido verificar el libro de actas ni el de socios, ya que la empresa no los ha entregado.
Desde el sindicato, han indicado que trabajarán para lograr que la calificación del concurso de acreedores sea culpable para que "los administradores de la compañía paguen por sus actuaciones". Existen varias operaciones que han podido tener cierto grado de responsabilidad en la situación actual, que aún se están valorando, como operaciones entre empresas del mismo grupo u operaciones y préstamos participativos "para maquillar cuentas".
De hecho, el documento indica que se ha detectado una partida de 1.300.000 euros correspondiente a inversiones en empresas del grupo y asociadas, que está siendo analizada.