El Comité Nacional del Transporte, CNTC, ha acordado solicitar a todos los partidos políticos que componen las Juntas Generales de Guipúzcoa que acuerden la suspensión provisional de los peajes impuestos por la Diputación Foral en la A-15 y N-I.
En caso de que no fuera acordada, las asociaciones de transportistas estudiarán la solicitud de ejecución provisional del fallo judicial una vez haya sido presentado el recurso de casación, en línea con la actual legislación contencioso-administrativa.
Aunque los peajes han sido anulados por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la administración foral pretende mantener el cobro hasta que se dicte una sentencia definitiva, un opinión que no comparte la Confederación Española de Transporte de Mercancías, CETM, para la que esta decisión responde a un "injustificable e inaceptable afán recaudatorio".
La situación "terminará por chocar con los intereses de todos los guipuzcoanos" si los peajes son declarados ilegales por el Tribunal Supremo, se deberá proceder a la devolución total de los mismos más los intereses, con el "consiguiente menoscabo para las arcas públicas".
Para la Confederación, se ha cometido una "tremenda injusticia" al someter al pago solamente a los vehículos de más de 3,5 toneladas, por lo que confían en que el Supremo avale la supresión definitiva.
Recurso de casación ante el Supremo
En su caso, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, Fenadismer, que también critica la "voracidad recaudatoria" de la administración autonómica, aclaran que el posible recurso que planteen desde la administración autonómica sería un recurso de casación ante el Supremo, ante el que tendrían que justificar un “interés casacional objetivo”.
No obstante, aseguran que la sentencia está "lo suficientemente motivada y fundamentada" en la normativa europea, por lo que "no suscita problema interpretativo alguno" que revista interés general para motivar su conocimiento por el Tribunal.
Desde la CETM recomiendan conservar los justificantes de pago de todos los peajes para "una más que probable futura reclamación" y confían en que la Diputación "recupere la vía de la sensatez en aras al bien común y decida suspender el cobro" hasta que haya sentencia en firme.
Por su parte, desde Fenadismer añaden que es preciso conservar las sanciones impuestas a los transportistas que no se registraron en su día en el nuevo sistema de cobro.