estibadores

La semana que se inicia este lunes 6 de marzo se presenta decisiva para la reforma de la estiba que España ha de acometer, aún está por ver de qué manera, para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Luxemburgo y evitar una multa de más de 130.000 euros diarios.

Aunque en la última semana, diversas fuentes han trasladado la posibilidad de que el Gobierno aplazase la llegada del Real Decreto-Ley al Congreso de los Diputados, donde debe ser convalidado, la orden del día del Congreso para el jueves 9 de marzo recoge la aprobación o derogación del texto aprobado en el Consejo de Ministros del 24 de febrero.

Ante este debate, que se presenta poco menos que encarnizado teniendo en cuenta las posiciones de los grupos parlamentarios de la oposición, las declaraciones que haga esta semana la comisaria europea de Transporte, Violeta Bulc, podrían empujar la balanza a un lado u otro.

Violeta Bulc comparecerá en el Congreso de los Diputados a las 13.30 horas de este martes 7 de marzo, ante una Comisión Mixta para la Unión Europea y de Fomento, cinco días después de enviar una misiva al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, donde avalaba la reforma aprobada por el Gobierno.

La “relativa” potestad de la Comisión

En dicha carta, Bulc alentaba al ministro De la Serna a no modificar la esencia del texto, a pesar de que uno de los puntos más conflictivos entre estibadores y Gobierno en el último mes ha sido, precisamente, la potestad de la Comisión para decidir sobre la reforma que ha de acometer España.

Tal y como se ha reconocido desde Fomento, el Ministerio ha enmarcado el texto del decreto, en las líneas rojas que les ha ido marcando la Comisión Europea cuando trasladaban propuestas de sindicatos y empresas. Según el Gobierno, la Comisión se negó al registro de estibadores o a la obligación de subrogar los contratos, entre otros puntos.

En el otro lado, los sindicatos entienden que la Comisión no puede ser juez y parte en el conflicto. La opinión de los estibadores es que es Luxemburgo quien debe decidir si el texto cumple o no la sentencia y, si la Comisión no está conforme posteriormente, que vuelva a denunciar y que decida, de nuevo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Además, desde los sindicatos también defienden que aspectos como la asunción de los pasivos por parte del Gobierno en los posibles despidos no debían ser incluidos en el texto, ya que la sentencia no obliga a ello.

Como telón de fondo, la primera jornada de huelga en los puertos el viernes día 10, tras la desconvocatoria de los paros para los días 6 y 8 de marzo.

¡Quién da más!.