La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España ha mostrado su rechazo e indignación ante la imposición de sanciones "totalmente injustas" a los transportistas desde la entrada en vigor del Documento Electrónico de Control Administrativo.
Los Servicios de Inspección de Transporte y los agentes de control, según denuncian, están imponiendo multas de más de 400 euros a los conductores profesionales por supuestas deficiencias documentales de las que son completamente ajenos. El problema se debe a un grave fallo de coordinación técnica del que "se está haciendo responsable erróneamente al eslabón más débil de la cadena: el transportista".
En los casos detectados, las empresas cargadoras generan el DeCA y se lo facilitan al transportista en formato digital junto con su correspondiente código QR de verificación. Sin embargo, al ser requeridos en carretera, cuando los agentes de inspección escanean dicho código e intentan acceder al repositorio donde deben quedar almacenados los archivos, el documento no aparece o el sistema devuelve un error de lectura.
Ante esta situación, la Inspección de Transportes está sancionando al transportista bajo el pretexto de "carecer del documento de control", obviando que el conductor sí muestra el soporte y el código QR facilitado por su cargador.
Fenadismer ve "intolerable" que un fallo tecnológico imputable a la falta de custodia adecuada por parte del cargador que lo ha emitido o a deficiencias de los dispositivos de los propios agentes actúe en perjuicio del profesional que cumple con sus obligaciones.
A esto hay que añadir que determinados grandes cargadores intentan imponer "de forma abusiva" sus plataformas tecnológicas privadas a sus transportistas, pero no para facilitarles los DeCAs ya emitidos, sino para que sean ellos los que los elaboren, haciéndoles responsables de cualquier error en su confección.
El sector reclama una aplicación progresiva
Por ello, la Federación insiste en que la Dirección General de Transporte Terrestre debe dirigir una instrucción expresa a las fuerzas de vigilancia para que lleven a cabo una labor meramente didáctica e informativa durante las primeras semanas, suspendiendo la vía sancionadora hasta que se garantice el correcto funcionamiento de la nueva obligación legal y la clarificación de las responsabilidades de cada una de las partes.
Además, mantendrá una vigilancia activa y pondrá todos sus servicios jurídicos a disposición de los asociados afectados para recurrir cada una de estas multas injustas que sean impuestas.
En la misma línea, Conetrans ha asegurado en los últimos días que la entrada en vigor de la normativa debería haber venido acompañada de una aplicación progresiva y de un periodo efectivo de adaptación que permitiera a las empresas familiarizarse con el nuevo sistema, corregir errores y resolver las numerosas dudas que todavía existen.
Igualmente, recuerda que la propia plataforma del Ministerio de Transportes para la gestión del DeCA no comenzó a funcionar hasta el 1 de octubre, apenas cuatro días antes de que su uso fuera obligatorio: "No nos parece razonable que quien ha necesitado hasta el último momento para poner en marcha la herramienta exija ahora a los transportistas una adaptación inmediata y sin margen para el error".
POr ello, ha pedido a la Administración que adopte "un criterio razonable y proporcionado" durante las primeras semanas de aplicación, priorizando la información, la asistencia y la corrección de las incidencias frente a una política sancionadora automática.
