Junts per Catalunya ha hecho público esta semana que apoyará el Real Decreto-ley 7/2026 que contiene el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio.
El respaldo de los regionalistas catalanes, a cambio de la tarifa cero en el IVA para autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año, tal y como establece una Directiva europea que el Gobierno se ha negado sistemáticamente a transponer al ordenamiento jurídico español, tiene dos consecuencias.
Una primera e inmediata es que el pleno del Congreso de los Diputados convalidará la norma este jueves inicialmente en los términos en que la aprobó el Consejo de Ministros la semana pasada.
La segunda circunstancia que se da es que el Real Decreto-ley quedará tal cual pese a la crítica en bloque del transporte y de otros sectores, salvo que se incluyan nuevas medidas o se complemente de algún modo la norma más adelante.
Sin noticias del Gobierno
Recordemos en este punto que este pasado lunes, el Comité Nacional del Trasporte, reunido tras la aprobación de este Real Decreto-ley, reclamaba, entre otras cosas, una reunión con los Ministros de Transportes, Economía y Hacienda para, según sus propios términos, "avanzar de manera inmediata en un segundo paquete de medidas que corrija las actuales deficiencias y garantice la viabilidad del sector".
Estos Departamentos no deben tener esa misma sensación de urgencia, dado que, de momento, no han dado respuesta a esta petición de las patronales del transporte. Bastante deben de tener ya con la que está cayendo.
Así las cosas, el transporte no descarta "posibles movilizaciones y protestas masivas ante el descontento generalizado de transportistas autónomos y empresas que ven peligrar su supervivencia".
