El próximo 23 de octubre entra en vigor el apartado dos del anexo IX de la Orden del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que modifica los anexos II, IX, X y XVIII del Reglamento General de Vehículos, que es el que incrementa la masa máxima autorizada hasta 44 toneladas en los vehículos articulados de cinco o más ejes y en los trenes de carretera compuestos por un vehículo de motor de tres ejes con remolque de dos o tres ejes, o por encima en las distintas configuraciones posibles de vehículos para el transporte de madera en rollo, dada su especial casuística.
En el caso de las cisternas, incluyendo a los contenedores cisterna, según ha aclarado la DGT al Comité Nacional, esta prórroga se extiende durante seis meses, es decir hasta el 23 de enero por tanto.
Y el transporte es un mar de dudas por el impacto que tendrá esta nueva posibilidad en el mercado y las nulas aclaraciones al respecto que obtiene de las autoridades. La Administración tiene la excusa perfecta: esta es una norma técnica y las implicaciones que pueda tener en el ámbito comercial caen en cualquier caso fuera del campo de actuación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Corte, responsable de esta Orden Ministerial.
A su vez, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible puede argumentar, no sería la primera vez que lo hiciera, que los cambios legales introducidos en los últimos años en favor del sector permiten a los transportistas tener una mejor posición negociadora frente a sus clientes. En otras palabras, los contratos son cosa privada.
En este sentido, las útimas reuniones entre las organizaciones empresariales del sector y la Administración se han saldado sin grandes avances.
Según ha informado Carmelo González, presidente del Comité Nacional, en el Congreso de Atrie que se celebra estos días en Valencia, la DGT ha informado también esta misma semana de que antes del 23 de octubre, cuando entran en vigor las 44 toneladas, se dará a conocer una propuesta de itinerarios para que los vehículos autorizados puedan circular sin tener que pedir el correspondiente permiso.
Sin embargo, González también ha afirmado que el sector no ha sido informado de las regulaciones técnicas que estima necesarias para el despliegue de estas unidades, en el hipotético caso de que las hubiera.
Todo parece indicar que, como con la Orden Ministerial de las 44 toneladas, la regulación se ultima a espaldas del sector que tendrá que aplicar, que conocerá sus obligaciones en el último momento. Lo que suceda después ya es cosa del ámbito privado en el que se desarrollan las relaciones contractuales entre los transportistas y sus clientes.
