La Unión Europea de Transportistas por Carretera, UETR, y la Federación Europea de los Trabajadores del Transporte, ETF, han mantenido un encuentro clave en el Parlamento Europeo, auspiciado por el eurodiputado Johan Danielsson, para tratar de impulsar soluciones que pongan fin a las prácticas abusivas derivadas de la subcontratación incontrolada en el sector del transporte de mercancías por carretera.
En esta reunión ha estado presente Roxana Mînzatu, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea y Comisaria de Derechos Sociales, Empleo y Preparación, que es precisamente el departamento que se ocupará de la redacción de la futura Ley de Empleos de Calidad, prevista para finales de este año o principios de 2027.
El presidente de la UETR, Alexis Gibergues, y la secretaria general de la ETF, Livia Spera, han recordado que tanto las empresas como los trabajadores quieren lograr un mercado del transporte por carretera basado en la equidad, la transparencia y el cumplimiento estricto de las reglas.
En la jornada, que ha contado con las aportaciones de Cosmin Boiangiu, director ejecutivo de la Autoridad Laboral Europea, se ha denunciado cómo la proliferación de cadenas de subcontratación excesivas degrada las condiciones sociolaborales de los conductores y desestabiliza económicamente a las pymes, que constituyen el 95% del tejido empresarial del sector.
Desde España, Fenadismer apoya las peticiones urgentes que la UETR y la ETF han trasladado a los legisladores europeos, que se resumen en lo siguiente:
- Limitación de los niveles de subcontratación: Restringir el número de intermediarios permitidos en una misma operación de transporte para evitar la pérdida de valor y el descontrol operativo.
- Mayor transparencia: Exigir trazabilidad absoluta sobre qué empresa y bajo qué condiciones ejecuta realmente el servicio.
- Responsabilidad solidaria y conjunta: Establecer por ley que todos los eslabones de la cadena de contratación respondan de forma solidaria ante posibles impagos o abusos.
- Mayor control e inspección: Reforzar las actuaciones de las autoridades nacionales de control en coordinación con la Autoridad Laboral Europea.
Para la Federación, el objetivo en España y en Europa es idéntico: garantizar que el transporte por carretera compita en igualdad de condiciones, protegiendo a los operadores responsables frente a las redes que utilizan la intermediación abusiva para abaratar costes de forma ilícita.
En este sentido, insiste en que las pymes y autónomos del transporte no pueden seguir compitiendo contra modelos basados en la devaluación de las condiciones de trabajo.
