"No permitiremos que la especulación de las petroleras paralice de nuevo el sector del transporte por carretera". Son palabras de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, que ha denunciado "el comportamiento abusivo" de algunas de las principales petroleras con motivo de la convulsión internacional generada por la guerra de Irán.
Desde el pasado viernes, han detectado una subida "injustificada" de más 15 céntimos por litro en el precio de referencia del gasóleo profesional. Sin embargo, el combustible suministrado actualmente fue adquirido antes del inicio de las hostilidades, por lo que Fenadismer insiste en que el traslado inmediato de los costes carece de base económica.
Por ello, la Federación ha instado al resto de asociaciones de transportistas a exigir juntas al Ejecutivo un control estricto de los márgenes de las petroleras y la aprobación inmediata de nuevas bonificaciones. En su opinión, el Gobierno debe implementar urgentemente un plan de choque que recupere el espíritu de las medidas aprobadas en 2022 a raíz de la guerra de Ucrania.
En aquel momento, articuló varios Decretos-leyes que incluyeron bonificaciones directas de hasta 20 céntimos por litro de combustible y ayudas directas por vehículo, además de reforzar la normativa para prohibir el trabajo por debajo de costes e incorporar una cláusula de actualización de las tarifas en función de la variación del precio del gasóleo.
En este sentido, Fenadismer anima a todas las empresas y autónomos del sector a aplicar de forma rigurosa la cláusula, de obligado cumplimiento por ley, para repercutir de forma automática estos incrementos y garantizar la viabilidad de la actividad. Además, ha elaborado una Guía práctica explicativa dirigida a los transportistas sobre los pasos a seguir para aplicar dicha clausula, que puede descargarse en este enlace.
Pymes y autónomos, atentos a los cargadores
La Asociación Representativa de las Pymes y Autónomos Transportistas de Galicia, Vieiros, ha alertado igualmente de que se están aplicando aumentos exagerados en los precios del combustible, que no se corresponde con el incremento más lento del precio del barril de crudo.
La actualización de las tarifas de acuerdo con la cláusula de revisión, explican, no es simplemente una necesidad para la supervivencia de las pymes y autónomos del sector, sino una obligación legal para las empresas cargadoras y agencias que contratan servicios de transporte.
Por ello, aseguran que estarán atentos a la actitud que adopten las cargadoras en las próximas semanas, y que no tolerarán "prácticas abusivas e irrespetuosas desde posiciones de dominio y sometimiento hacia los transportistas, que contravengan la legalidad vigente".
Finalmente, advierten de que la falta de actualización de las tarifas de transporte en consonancia con la repentina subida del diésel podría derivar en un conflicto como el vivido en 2022 a consecuencia del aumento de precios por la guerra en Ucrania. Una situación similar a la actual, recuerdan, ya provocó una paralización de dos semanas en la actividad de las pymes y los transportistas autónomos.
