La evolución del actual conflicto en Oriente Medio y las consecuencias que pueda tener para el sector del transporte de mercancías por carretera han hecho saltar todas las alarmas en los últimos días. La tensión geopolítica en una región clave para el suministro energético mundial ha llevado a una fuerte volatilidad en los mercados y ya está empujando al alza los precios del petróleo y el gas.
En el caso de España, solamente un 5% del petróleo y un 2% del GNL que llegan a España pasan por el Estrecho de Ormuz, pero todo lo que sucede en la región se refleja rápidamente en los precios del crudo y del gasóleo, que de hecho podría alcanzar niveles récord en los próximos días, elevándose en más de 20 céntimos en una semana.
Esto tendrá, a su vez, un impacto directo sobre las empresas de transporte, donde el combustible representa aproximadamente un tercio de los costes de explotación. Igualmente, la posible alteración de las cadenas de suministro, el aumento de las primas de seguros y la ralentización de determinados sectores productivos podría traducirse en una menor demanda del transporte.
Por ello, desde la CETM, Astic y Fenadismer recuerdan que la cláusula de revisión del precio del transporte cuando se produzcan variaciones en el precio del combustible, establecida por el Real Decreto-ley 3/2022 con motivo de la guerra de Ucrania, es de obligado cumplimiento por ley.
La medida ayudará a compensar un posible impacto del aumento del gasóleo en las empresas del sector, permitiendo a los operadores trasladar el incremento del precio del combustible a sus clientes. El Ministerio de Transportes mantiene actualizada en su web su Calculadora de Variación del Precio del Gasóleo para determinar el suplemento exacto que debe aparecer desglosado en la factura.
Diálogo con el Gobierno
Además, desde Astic han solicitado una reunión técnica urgente con el Ministerio de Transportes, Hacienda y los representantes del sector para acordar los umbrales de activación y desactivación de todas las posibles medidas de apoyo para aliviar la carga financiera de las empresas, que deben quedar listas para su publicación en el BOE. También se debería dejar preparada la operativa de la Agencia Tributaria para, por ejemplo, el abono directo del gasóleo profesional.
Y es que la experiencia de la guerra de Ucrania, cuando se aprobaron tanto bonificaciones directas al combustible como ayudas directas por vehículo y otras medidas estructurales y de liquidez, demostró que resulta más eficiente sostener el tejido empresarial que intentar reconstruirlo. En esta línea, CETM considera que la anticipación y coordinación entre sector público y privado serán determinantes para minimizar el impacto económico de esta crisis.
Por ello, ha exigido también la apertura inmediata de un canal de diálogo permanente con el Gobierno para evaluar la evolución de la situación y activar, si fuera necesario, mecanismos extraordinarios de apoyo al sector, incluyendo posibles compensaciones directas por incrementos excepcionales del gasóleo, así como medidas fiscales, financieras e incluso laborales que garanticen la liquidez y continuidad de las empresas.
Riesgos para el sector de auxilio en carretera
Por su parte, la Alianza de Auxilio en Carretera ha denunciado que las aseguradoras llevan cuatro años "incumpliendo sistemáticamente la normativa aprobada por el Gobierno" para la indexación del precio de los carburantes, al interpretar unilateralmente que los servicios del sector no se encuentran encuadrados en la actividad de transporte terrestre.
El sector estima que está en riesgo la viabilidad de más de un 60% de las empresas de auxilio en carretera, que ya se enfrentan a pérdidas, y eso sin haber soportado aún el previsible incremento en el precio de los carburantes por el conflicto en Oriente Medio.
Por ello, advierten que no podrán prestar los servicios con regularidad, se verán obligados a rescindir o no prorrogar contratos laborales, y soportarán una carga fiscal que acabará afectando a la adecuada atención a la seguridad vial. De momento, ya han presentado las pertinentes peticiones ante las autoridades de competencia y de transportes, así como a la patronal Unespa, pero si no se atienden sus reclamaciones, no descartan otras acciones de presión.
