El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) ha trasladado al Gobierno la necesidad de convocar de forma inmediata una reunión con los ministerios de Transporte, Economía y Hacienda para avanzar en un segundo paquete de medidas urgentes que permita corregir las deficiencias actuales y garantizar la viabilidad del sector.
Tras la reunión de urgencia mantenida este lunes por las principales asociaciones del transporte por carretera, el sector ha advertido de que la situación es crítica y que, sin una respuesta antes del 27 de marzo, la viabilidad económica de empresas y autónomos quedará seriamente comprometida. En este contexto, no descartan la convocatoria de movilizaciones ante el creciente malestar existente.
Las organizaciones consideran que las medidas incluidas en el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio no se ajustan a las necesidades reales del transporte, al resultar insuficientes e incluso, en algunos aspectos, contraproducentes para la actividad.
El sector alerta de riesgo de colapso
Desde el ámbito empresarial se advierte de que el retraso en la adopción de soluciones efectivas está teniendo un impacto directo en la actividad. El presidente de Astic, Marcos Basante, ha señalado que el mes de marzo está prácticamente perdido en términos de medidas de apoyo, lo que compromete los resultados anuales de muchas compañías.
Asimismo, ha apuntado que la falta de respuesta está poniendo en riesgo la infraestructura esencial de la economía, al afectar a la capacidad de las empresas para prestar servicios de transporte y, en consecuencia, a la estabilidad de las cadenas de suministro y distribución.
Las asociaciones denuncian que las medidas actuales son insuficientes y ponen en riesgo la viabilidad de empresas y autónomos del transporte.
El sector insiste en que el transporte por carretera constituye un elemento clave para el funcionamiento del sistema productivo y alerta de que su deterioro podría derivar en un impacto directo en el abastecimiento y en la actividad económica en su conjunto.
Críticas al enfoque del Gobierno
Las asociaciones también cuestionan el enfoque adoptado por el Ejecutivo, especialmente en relación con la inflación. Según Basante, las empresas de transporte no tienen capacidad para influir de manera significativa en los precios finales de los productos, ya que los incrementos de costes, especialmente en combustible, proceden de factores externos.
En este sentido, en el comunicado remitido tras la reunión el Comité destaca que el aumento del coste de un servicio de transporte se diluye en el conjunto de la mercancía transportada, lo que reduce su impacto real en el precio final de los bienes. Por ello, el sector considera injustificado vincular la evolución de la inflación a la actividad del transporte.
Ante este escenario, el CNTC reclama una actuación urgente por parte del Gobierno que permita adoptar medidas eficaces y evitar un deterioro mayor del sector, que atraviesa un momento especialmente delicado en un contexto de elevada incertidumbre internacional.
Llamamientos a cargadores y petroleras
Por otro lado, el Comité también "hace un llamamiento directo a los cargadores para que apliquen correctamente, adaptándolo a los costes reales y con rapidez, la cláusula del gasóleo, recordando también que la Ley de la Cadena de Transporte —impulsada en 2022 por este Comité— prohíbe de forma explícita operar por debajo de costes".
En esta misma línea, las patronales del transporte también lanzan "un aviso firme a las petroleras, que aplican subidas inmediatas del precio del combustible cuando el petróleo aumenta, pero retrasan de manera injustificada cualquier reducción cuando éste baja, y exige que el Gobierno, tal y como se ha comprometido, supervise de forma estricta estas prácticas e imponga sanciones contundentes si es necesario, para evitar que los transportistas sigan cargando con sobrecostes abusivos derivados de un mercado desequilibrado e injusto".
“El transporte no puede seguir funcionando a pérdidas. Si las empresas paran, se para el país”, advierte Javier Arnedo, presidente del Comité Nacional.
