La Policía Nacional ha desarticulado en Fuenlabrada, Madrid, una organización dedicada a la explotación laboral de inmigrantes en situación irregular que eran empleados para realizar entregas de paquetería de comercio electrónico, sometidos a jornadas de hasta 14 horas diarias y con remuneraciones de entre 50 y 70 céntimos por paquete entregado.
La operación ha permitido descubrir una estructura empresarial organizada que aprovechaba la situación de vulnerabilidad de los trabajadores para realizar servicios de distribución de última milla a través de una empresa que operaba legalmente, mientras las entregas eran efectuadas por personas sin contrato laboral ni alta en la Seguridad Social.
Los trabajadores realizaban los repartos a pie, transportando grandes bolsas y carros cargados de mercancía. Su actividad se desarrollaba principalmente en Fuenlabrada, aunque también efectuaban entregas en otros municipios de la Comunidad de Madrid, utilizando incluso el transporte público para desplazarse.
Según la investigación policial, las jornadas podían comenzar a las ocho de la mañana y prolongarse hasta las diez de la noche, o incluso más tarde, dependiendo del volumen de paquetes pendientes de entrega.
Los repartidores llegaban a trabajar hasta 14 horas diarias, sin contrato ni cobertura social, por unos ingresos que apenas alcanzaban los 600 euros mensuales.
Cada repartidor recibía habitualmente entre 50 y 100 paquetes diarios, que debía distribuir antes de finalizar su jornada, con independencia de las distancias recorridas o de las condiciones meteorológicas.
Pese a esta elevada carga de trabajo, las víctimas obtenían unos ingresos mensuales que, según los datos recabados por los investigadores, no superaban los 600 euros.
Una estructura empresarial para organizar los repartos
La organización mantenía una estructura jerarquizada en la que participaban responsables de una empresa legalmente constituida, trabajadores autónomos, conductores de furgonetas y encargados de coordinar las diferentes cuadrillas de repartidores.
Los responsables de la red recogían la mercancía en los centros de distribución y la trasladaban posteriormente a distintos puntos de encuentro, entre ellos un descampado de Fuenlabrada, donde se distribuían los paquetes entre los trabajadores.
La captación de los repartidores se realizaba aprovechando su situación administrativa irregular y sus dificultades para acceder al mercado laboral. En algunos casos, los responsables les ofrecían falsas promesas de contratación y regularización de su situación en España.
Uno de los elementos más relevantes de la investigación es el empleo de aplicaciones informáticas para gestionar las entregas. Los trabajadores utilizaban estos sistemas para confirmar la distribución de los paquetes, pero las operaciones quedaban registradas a nombre de los responsables de la organización.
Una estructura empresarial organizada y el uso de aplicaciones de reparto permitían ocultar la identidad de quienes realizaban realmente las entregas.
De esta manera, la aplicación permitía acreditar que los envíos habían sido entregados sin identificar necesariamente a las personas que habían realizado materialmente el servicio, facilitando que los responsables percibieran los ingresos correspondientes y abonaran a los repartidores una cantidad muy inferior.
Explotación laboral en la última milla
La investigación pone de manifiesto cómo una actividad aparentemente normalizada dentro de la distribución urbana de mercancías puede ocultar situaciones de explotación laboral cuando se encadenan intermediarios y no existe un control efectivo sobre quienes ejecutan las entregas.
La Policía Nacional ha identificado una organización que presuntamente se aprovechaba de la necesidad económica de personas sin autorización de trabajo para mantener un sistema de reparto de muy bajo coste laboral, en el que los trabajadores asumían las largas jornadas y las exigencias operativas.
En la operación del pasado octubre fueron detenidas cuatro personas, tres hombres y una mujer, como presuntos responsables de delitos de pertenencia a organización criminal, explotación laboral y favorecimiento de la inmigración ilegal.
