La propuesta del Congreso responde a las peticiones de las diferentes organizaciones del transporte por carretera.
El Congreso de los Diputados ha aprobado en su última reunión, con el voto favorable del 99% de la Cámara, una Proposición no de Ley para la implantación de un régimen sancionador contra la morosidad en el transporte por carretera.
Esta propuesta tiene el objetivo de establecer un instrumento disuasorio para combatir el retraso intencionado de los pagos, así como exigir en las licitaciones públicas a los grandes contratistas una certificación auditada del cumplimiento de los plazos legales de pago a las empresas que subcontratan.
Además, con ella se pretenden poner en marcha una serie de campañas divulgativas para concienciar a todos los agentes económicos de la necesidad de cumplir con los plazos de pago con sus proveedores y acreedores, "a fin de asegurar un funcionamiento eficiente de la economía española", según ha indicado Fenadismer.
Esta solicitud responde a las peticiones de las diferentes organizaciones del transporte por carretera, que habían exigido el establecimiento de un instrumento que penalizase las "prácticas abusivas" que se llevaban a cabo en materia de pagos dentro del sector.
Plazo normalizado de 30 días
La última reforma de la Ley de lucha contra la morosidad, aprobada en 2014, fijó un plazo normalizado de 30 días contados a partir de la entrega del bien o la prestación del servicio.
Esta renovación incluye, además, una norma imperativa que prohíbe que el plazo pactado entre las partes sea superior a 60 días naturales. No obstante, la falta de un régimen sancionador que penalice el incumplimiento de esta normativa ha permitido, según la Federación, "la carencia de efecto real de la regulación".
Prueba de ello son los datos arrojados por el Observatorio de la Morosidad elaborado mensualmente por Fenadismer, que ha recogido que en febrero de 2017 el 73% de los clientes de los transportistas no cumplían con la normativa, situándose la media en los plazos de pago en 90 días, 30 más de lo permitido por ley.
En este contexto, el próximo 20 de mayo las asociaciones del transporte por carretera celebrarán una Cumbre Político Empresarial en la que tratarán la morosidad en el sector y en la se espera contar con la presencia de importantes actores de la esfera política.