Margenes del rio Guadalquivir

El dragado del río Guadalquivir es un proyecto clave para el puerto de Sevilla.

El puerto de Sevilla «no ha renunciado» a acometer el dragado del río Guadalquivir, si bien en la instalación portuaria reconocen que deben «hacer posible que los desarrollos del puerto sean compatibles con los intereses generales».

Así lo ha señalado el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Manuel Gracia, en el marco de la exposición ‘Como el Puerto de Sevilla, ninguno’ que el organismo ha organizado en la capital andaluza.

Gracia también ha apuntado que a finales de 2016 podría haber «algún avance» de los estudios encargados a las universidades de Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla sobre el estuario del río Guadalquivir, si bien los informes completos no estarán disponibles hasta dentro de un año.

Dichos estudios analizan aspectos como la afección del estado del estuario a las especies autóctonas o a la sedimentación, así como la incidencia en el río de los dragados de mantenimiento.

Para el puerto de Sevilla, la mejora de la accesibilidad al puerto es un objetivo irrenunciable. El dragado del Guadalquivir permitiría la entrada de barcos de entre 20.000 y 25.000 tn, lo que conllevaría, según la instalación portuaria, un ahorro de entre seis a ocho euros por tonelada en materia de transporte de mercancías.

Una iniciativa conflictiva

No obstante, el proyecto, que lleva paralizado desde hace más de 18 meses tras la sentencia del Tribunal Supremo contra su inclusión en el Plan Hidrológico del Guadalquivir, ha estado rodeado de polémica desde el momento en el que se anunció, contando con un buen número tanto de defensores como de detractores.

Desde las asociaciones ecologistas consideran que su realización es incompatible con la conservación del Doñana, mientras que la plataforma ‘Sevilla por su Puerto. Eurovía del Guadalquivir’, creada para la defensa del proyecto, presentaron alegaciones en contra de la sentencia del Tribunal Supremo, defendiendo las ventajas económicas que supondría para la región.

En marzo de 2015, la Comisión Europea tomó partido en este intenso debate al enviar un dictamen motivado a la Administración española por considerar que no se había considerado en detalle el impacto medioambiental del dragado. Casi un año después, el organismo público informaba de que no destinará fondos comunitarios al dragado hasta que se demuestre que esta iniciativa cumple con la legislación pertinente de la UE.