La Comisión Europea ha enviado este jueves 26 de marzo un dictamen motivado a España, lo que supone la segunda fase de un procedimiento de infracción, por considerar que no ha examinado en detalle, como exigen las normas comunitarias, el impacto medioambiental del dragado del último tramo del río Guadalquivir.
En dicho documento oficial, Europa pide a España "prudencia" en la modernización del acceso marítimo al puerto de Sevilla, y que evalúe de nuevo los posibles efectos negativos en Doñana y en otros sitios protegidos por la red Natura 2000.
Las autoridades españolas disponen ahora de un plazo de dos meses para adoptar medidas correctivas. En ausencia de una respuesta, o de que la presentada no sea satisfactoria, Europa podría llevar esta cuestión ante el Tribunal de Luxemburgo.
No obstante, cabe destacar que desde la misma Comisión señalan que "rara vez se llega tan lejos", solucionándose en los últimos años "más del 85% de los asuntos" antes de la fase contenciosa.
La normativa europea
El dictamen motivado de Bruselas remite a un estudio científico llevado a cabo por las autoridades españolas, en el que se que indica que el dragado del canal de navegación tendría efectos negativos graves sobre la forma del estuario y su biodiversidad, que repercutirían sobre los sitios naturales protegidos vecinos.
La Directiva de Hábitat de la UE exige que todo proyecto susceptible de tener un efecto significativo sobre un sitio protegido debe ser objeto de una evaluación de impacto apropiada.
La norma autoriza, por razones imperativas de interés público mayor, la realización de proyectos que hayan recibido una evaluación negativa, pero en ese caso exige medidas compensatorias para los espacios protegidos.