Diversas entidades entre las que se incluye Astic reclaman al Parlamento Europeo que considere los combustibles renovables como una solución tecnológica viable dentro del reglamento de emisiones de CO₂ para vehículos comerciales pesados que se votará esta semana.
Las organizaciones destacan como propuestas clave el reconocimiento de los Combustibles Neutros en CO₂, cumpliendo con los criterios de la RED, y la introducción del Factor de Corrección de Carbono para evaluar la contribución real de los combustibles renovables a la reducción de emisiones de CO₂ a lo largo de todo el ciclo de vida de los vehículos.
Los firmantes de este manifiesto conjunto, entre los que se encuentran, entre otros, Astic, Anfac, Cepsa, Cetm, Cepsa o Repsol, han recordado que actualmente circulan en Europa alrededor de seis millones de vehículos pesados, con la incorporación de 300.000 nuevos cada año, y que la renovación de esta flota para lograr una descarbonización completa llevaría aproximadamente veinte años, aportando también como dato que, en 2021, el 96% de las ventas de vehículos pesados fueron propulsados por diésel.
El manifiesto destaca la importancia económica y funcional del transporte por carretera en la Unión Europea, donde representa el 77%, y especialmente en la economía española, donde el 96% de las mercancías se transportan por carretera y, por tanto, es mucho más sensible al impacto de costes.
Por todo ello, las entidades sostienen que no se debe descartar la contribución de los combustibles neutros en carbono, ya que aseguran representan una realidad en el mercado que puede complementar otras alternativas y compensar posibles retrasos en el desarrollo de vehículos eléctricos y la infraestructura de recarga.
Por último se argumenta que contar con diversas alternativas brinda mayor seguridad ante las perturbaciones del mercado, aumentos de costes, riesgos laborales y escasez de cualificaciones, además de destacar la importancia de considerar las implicaciones sociales y económicas de esta transición para garantizar que no genere desigualdades ni afecte negativamente a comunidades vulnerables.
