En un momento en el que el convenio colectivo de la estiba del puerto de Valencia vuelve a ponerse sobre la mesa, los diferentes intereses de trabajadores y empresas a la hora de ampliar la plantilla de esta actividad parecen alejar la esperada paz social de la instalación portuaria valenciana.

Los acontecimientos de los últimos días reflejan nuevas tensiones, con varias empresas estibadoras, que han deninciado  marchas lentas selectivas por parte de los estibadores, el pasado viernes 8 de abril.

En concreto, sin convocatoria oficial de paros o huelgas de por medio, los estibadores habrían retrasado el inicio de los turnos de trabajo y operado a un menor ritmo del habitual para provocar una bajada de la productividad, con los consecuentes retrasos y pérdidas económicas, según las empresas estibadoras.

Ante la necesidad de realizar nuevas contrataciones, desde los sindicatos se apostaba en marzo por convertir en estibadores fijos a 140 trabajadores de la actual bolsa de trabajadores eventuales, las empresas prefieren que, al menos parte de las nuevas incorporaciones, sean temporales y se cubran con personal de labores complementarias y no como estibadores.

La falta de acuerdo sobre este punto ha provocado las últimas actuaciones, pero la estiba valenciana también ha sido noticia este lunes por otros motivos.

Enfrentamientos en los juzgados

Por otro lado, y según recoge El Mundo, la Justicia ha desestimado una demanda interpuesta por 49 trabajadores contra la Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba (Sevasa), en la que solicitaban la percepción de un complemento de antigüedad suprimido hace 16 años.

Los estibadores que interpusieron la demanda habían comenzado a trabajar cuando el plus ya se había eliminado formalmente, pero exigían el cobro de esta retribución, que habría supuesto un desembolso mínimo para Sevasa de 1,4 millones de euros anuales, al entender que la decisión contraviene el convenio colectivo y establece una doble escala salarial.

La CGT recurrirá este fallo del Juzgado de lo Social número 15 de Valencia, en el que se indica que los trabajadores renunciaron a esta retribución a cambio de unos beneficios laborales acordados que han venido recibiendo.