Según las cifras publicadas por el Ministerio para la Transición Ecológica en su Geoportal, el coste de llenar hoy el depósito de un camión es 420 euros más caro que antes del inicio del conflicto. Igualmente, el combustible supone ya el 40% de los gastos totales de las empresas de transporte, al haber pasado el gasóleo de un precio de 1,439 euros el litro el día 1 de marzo a 1,789 el día 10.
Así lo denuncian desde la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística, que ha reclamado la puesta en marcha de un Plan Nacional que contemple ayudas directas e indirectas al transporte para amortiguar el aumento desproporcionado del precio del combustible y su impacto en las empresas y la sociedad.
“La escalada del precio del combustible está siendo más rápida que en 2022 con la guerra de Ucrania", asegura Carlos Prades, presidente de FVET, que alega que en aquel momento se puso en marcha un plan para minimizar su impacto en el tejido económico y el transporte. Ahora, vuelve a ser necesario proteger a un sector que permite sostener a otras actividades estratégicas, como la cerámica, la exportación, la automoción, la alimentación o la agricultura.
Repercutir el incremento del precio
La Federación recuerda a las empresas de transporte que la normativa ya les permite la aplicación de la cláusula de revisión del combustible para repercutir el incremento del gasoil en los contratos, aunque pide a las administraciones públicas que refuercen las labores de vigilancia y garanticen el cumplimiento efectivo de la normativa por parte de los cargadores y otros actores de la cadena logística.
Además, desde FVET insisten en que son necesarias bonificaciones directas al precio del combustible, el aumento del coeficiente del carburante de un 30% a un 40% en la cláusula de revisión y la reducción de tiempos en los plazos de devolución del impuesto sobre hidrocarburos.
