España ha transpuesto la Directiva 2014/67/UE de la Unión Europea relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios.

Esta Directiva se establece como la base jurídica en la que se fundamentan los salarios mínimos para conductores extranjeros establecidos en países como Francia, Alemania, Austria o Luxemburgo. Por tanto, España ya podría establecer este requisito.

Sin embargo, existe diversidad de opiniones en torno a los que ponen en duda la capacidad de un país para establecer medidas que restringen el mercado único y aquellos que sostienen que es la mejor forma para luchar contra la competencia desleal de empresas deslocalizadas en Europa del Este.

Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, Fenadismer, han venido reclamando la transposición de esta Directiva para poder establecer el salario mínimo a conductores extranjeros en España, algo que también exigen varios partidos políticos y sindicatos.

Pero ni el Gobierno español ni la propia Comisión Europea, que presentará este mismo miércoles 31 de mayo el nuevo ‘Paquete Comunitario de la Carretera’ para regular el salario mínimo entre otras cuestiones, se muestran de acuerdo con su establecimiento.

El transporte como caso «especial»

Más allá de los procedimientos de infracción abiertos desde la Comisión a diversos países, la comisaria europea de Transporte, Violeta Bulc, ha señalado en muchas ocasiones, la última de ellas en España, que el transporte “debe ser tratado como un caso especial” en el marco de la normativa de trabajadores desplazados.

Además, aunque Bulc «apoya» el concepto de salario mínimo, considera que este “ha provocado una profunda división en la Unión Europea” y que, de implantarse, «debe ser proporcional y no fragmentar aún más el mercado».

Desde Astic aseguran que se está tergiversando la idea del trabajador desplazado

Esta opinión es compartida en el Ministerio de Fomento. El director general de Transporte Terrestre, Joaquín del Moral, aseguraba el 26 de mayo durante la XL Asamblea General de Astic que el salario mínimo «no se puede regular bajo una norma general como la del desplazamiento de los trabajadores».

En el Ministerio confían en que el nuevo Paquete de la Carretera exija un mínimo de días a partir de la cuál será exigible que los conductores extranjeros perciban el salario del país donde se encuentren. Según Del Moral, es probable que este sea de cinco días acumulados.

Además, el director general también ha asegurado que Europa quiere trasladar a las administraciones el deber de comprobar el pago del salario mínimo. «Se evitaría la obligación de que las empresas tengan que llevar a bordo del vehículo la documentación que se exige hasta la fecha», ha asegurado.

El control será similar al del cabotaje, por tanto, será necesario conocer la ubicación de los camiones. Así, si una administración detecta que un conductor extranjero ha estado más de cinco días en el país, deberá solicitar la información pertinente al país donde está registrado el vehículo para comprobar si se está abonando el salario mínimo.

El transportista: un «trabajador desplazado itinerante»

En la misma línea, el presidente de Astic, Marcos Basante, aseguraba en este encuentro que se está tergiversando la idea del trabajador desplazado, enfocada a un traslado puntual de un asalariado a un país extranjero, y que no tiene cabida en el sector ya el transportista es un «trabajador desplazado itinerante». Además, incide en la dificultad de cumplir con hasta tres salarios diferentes en un mismo día en una operación de transporte internacional.

Por otro lado, en la CETM también se muestran contrarios. Tal y como indicó en su día el presidente de la CETM, Ovidio de la Roza, a cadenadesuministro.es, los transportistas españoles “son los mayores caboteadores de Europa”, por lo que “cuantas menos trabas de este tipo haya en el mercado, mejor”. 

¿Que salario mínimo se implantaría en España?

En este contexto, las asociaciones transportistas se plantean una cuestión clave que sería de difícil solución, ¿qué salario mínimo se implantaría en España?

Las leyes europeas impedirían a un país establecer restricciones al transporte basadas en la residencia de los usuarios. Por tanto, los transportistas españoles deberían percibir el mismo salario mínimo que se exija a los extranjeros y, para ello, habría que unificar un criterio que regulan actualmente más de 50 convenios provinciales distintos.

Información sobre el desplazamiento

Lo que sí establece la normativa, según Fenadismer, es la obligatoriedad de que la empresa extranjera notifique a la autoridad laboral española la realización de dicho servicio mediante una comunicación de desplazamiento.

La comunicación de desplazamiento incluirá todos los datos que permitan identificar el servicio a realizar y, además, deberá designar un representante en España para responder ante las autoridades laborales de cualquier incumplimiento de la normativa laboral española por parte de la empresa extranjera.