Este jueves 31 de julio tendrá lugar la reunión aplazada la semana pasada entre los ministerios de Fomento y Hacienda y los bancos españoles, para tratar de concretar la reestructuración de deuda que incluye el plan de rescate de las nueve autopistas, que actualmente se encuentran en situación de concurso de acreedores.
El plan de rescate que ultima el Gobierno contempla que la empresa nacional de autopistas que se constituya con las nueve autopistas quebradas nazca con una deuda "máxima" de 2.300 millones de euros, importe que resulta tras la quita del 50% que el Gobierno realizará a los 4.600 millones de euros de pasivo de estas autopistas, contraído con bancos y constructoras.
Este importe se convertirá en un bono a treinta años que se estructurará en tres tramos. El primer tramo, de unos 1.355 millones, lo conformará la deuda financiera con la banca española. El segundo, de 600 millones, corresponde al pasivo de las vías con las constructoras, y el tercero, de 646 millones de euros, a la deuda con banca extranjera.
Los dos primeros tramos de deuda devengarán un tipo de interés del 1%, porcentaje que se eleva al 4,11% en el caso del tercer tramo, de la nueva deuda que la banca española contraerá para comprar el pasivo a las entidades extranjeras.
Los bancos españoles consideran que el cupón que percibirán por su deuda y el que cobren por la foránea dará lugar a un tipo medio de algo más del 2%, un tipo de interés que convence más que el 1% planteado en un primer momento por el Gobierno, y que los bancos calificaron de "segunda quita".
Por su parte, el Gobierno, con su petición a la banca de comprar del pasivo de la extranjera, evitará que estas entidades financieras foráneas abran una eventual batalla legal en los tribunales contra el Estado.
Además, entre los términos del plan por concretar, figura la petición de los bancos de que el Banco de España les permita liberar las provisiones que han realizado por su exposición a las autopistas quebradas.
Seittsa, empresa sin actividad
La empresa nacional de autopistas que se creará se integrará en Seittsa, una empresa pública del Ministerio de Fomento que actualmente no realiza actividad alguna. La empresa se quedará con las autopistas y con la deuda contraída tras la quita, no con las actuales sociedades concesionarias de las vías.
Para ello, el Ejecutivo promoverá la acumulación de los procesos concursales en que todas ellas están inmersas para ofrecer este único convenio de acreedores y reestructuración de deuda.
Seittsa gestionará las autopistas sin plazo de concesión, con el fin de que generen recursos para atender los servicios de la referida deuda con que se constituirá la nueva empresa pública de autopistas.
La empresa pública se hará así con nueve vías que suman 748 km de longitud, lo que supone una quinta parte de la actual red de autopistas de peaje, y que en la primera mitad de este año han contabilizado un tráfico de 5.751 vehículos diarios, un 4,6% menos que el año anterior.
Las nueve vías en quiebra son las cuatro radiales de Madrid, la que une la capital con el aeropuerto de Barajas y las que conectan Madrid-Toledo, Ocaña-La Roda, Cartagena-Vera y la circunvalación de Alicante.
Con este plan, el Gobierno pretende evitar la liquidación de estas infraestructuras, un supuesto que activaría la responsabilidad patrimonial que el Estado tiene con sus actuales sociedades concesionarias, participadas por grandes constructoras, y que podría suponer un impacto para el Estado de unos 5.000 millones de euros.