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Hay que afrontar el creciente fenómeno del dumping social que llevan a cabo empresas deslocalizadas en países preferentemente del Este de Europa.[/caption]
Tras unos años de inacción legal y administrativa en el ámbito del sector del transporte por carretera que padecimos en 2015 y 2016 como consecuencia de la situación de transitoriedad política vivida dichos años afrontamos el pasado año 2017 con una renovada actividad institucional en aspectos claves para el futuro desarrollo de nuestro sector, que se ha mantenido en estos primeros meses de 2018.
Así en primer lugar cabe destacar la tramitación por parte del Ministerio de Fomento de la modificación del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, reforma que debía haberse llevado a cabo hace tres años según se recogía en la última Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres aprobada en 2013, pero que por diferentes motivos, entre ellos las diferencias de criterio entre el Ministerio de Economía y el de Fomento sobre la regulación del sector, había obligado a dejar dicha modificación “guardada en un cajón” en el propio Ministerio de Fomento.
Dicha reforma, que verá la luz definitivamente en 2019, va a introducir aspectos relevantes para el futuro de la actividad de las empresas transportistas, algunas de ellas de consecuencias muy preocupantes, en lo que se refiere principalmente a la reconfiguración de la gravedad de las sanciones de transporte y la pérdida de honorabilidad, así como el nuevo régimen de acceso al sector como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del pasado mes de Febrero.
Por otra parte, tras finalizar sin acuerdo las negociaciones iniciadas en 2016 entre las asociaciones de empresas cargadoras y las asociaciones de transportistas que integramos el Comité Nacional de Transporte por Carretera tendentes a consensuar medidas para mejorar la comercialización y competitividad de las empresas transportistas, encallado ante la pretensión de los cargadores de aumentar el tonelaje permitido actualmente a los camiones a 44 toneladas, aunque ambas partes están llamadas a entenderse en otros aspectos de relevancia para el futuro desarrollo e la actividad del transporte y la logística en nuestro país, por lo que previsiblemente en 2018 vuelvan a mantenerse nuevos contactos.
[sumario]Existe una necesidad de afrontar el creciente fenómeno del dumping social que llevan a cabo empresas deslocalizadas que operan en España.[/sumario]
Otra de las cuestiones de enorme trascendencia en estos últimos años, y que está de plena actualidad es la necesidad de afrontar el creciente fenómeno del dumping social que llevan a cabo empresas deslocalizadas en países preferentemente del Este de Europa y que operan en nuestro país en una clara situación de competencia desleal que amenaza el actual tejido empresarial español del transporte por carretera, por lo que a nuestro entender España está obligada a adoptar medidas urgentes contra dicho “cáncer”, que ya representa una tercera parte del transporte internacional con origen o destino a nuestro país, siendo en la actualidad la principal batalla que nuestra organización va a continuar llevando a cabo, en defensa de los intereses de los transportistas españoles.
Asimismo cabe destacar las diferentes iniciativas territoriales que pretenden limitar la circulación de los camiones sobre las carreteras nacionales, las cuales se iniciaron en 2017 y previsiblemente se pretenderán incrementar en 2018. Así, de una parte, la decisión de la Diputación de Guipúzcoa de poner en marcha desde el pasado mes de Enero de un peaje sobre la N-I, y de otra parte, las iniciativas consensuadas entre diferentes Comunidades Autónomas y el Ministerio de Fomento para prohibir la circulación de camiones en diferentes carreteras nacionales y su desvío obligatorio a las autopistas de peaje, sin haber consultado previamente al sector del transporte por carretera, supone una agresión sin precedentes para un colectivo que ya contribuye sobradamente a las arcas públicas para, entre otras, financiar la construcción y mantenimiento de las carreteras, y sobre las que ahora se pretende prohibir su circulación, obligando a pagar adicionalmente por poder continuar desarrollando su actividad diaria, frente a lo cual el sector no debe permanecer pasivo.
Por último, debemos hacer mención a los anuncios que desde diferentes foros políticos se están lanzando sobre la voluntad del Gobierno de aprobar un incremento de los impuestos que gravan los carburantes, especialmente el gasóleo, con objetivos tan dispares como la mejora de la financiación de las Comunidades Autónomas o la mejora del medioambiente, lo que de llevarse a cabo supondría un encarecimiento inmediato del transporte por carretera lo que afectaría directamente a la recuperación económica de nuestro país tanto a nivel interior como exterior.
Juan José Gil Secretario General FENADISMER