La Asociación de Promotores, Propietarios y Usuarios de Naves Logísticas de España, conocida como Appunle, ha enviado sus aportaciones a la consulta pública del Ministerio para la Transición Ecológica, relativa al proyecto de norma para regular el cumplimiento de los requisitos mínimos de eficiencia energética para edificios no residenciales ya construidos.
Al mismo tiempo, se pretenden establecer obligaciones adicionales en materia de energías renovables, automatización de instalaciones técnicas y movilidad sostenible, como la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. La iniciativa forma parte del proceso de transposición de la Directiva (UE) 2024/1275, aprobada el 24 de abril de 2024, y responde al compromiso europeo de alcanzar la neutralidad climática en 2050.
En este sentido, la propuesta de Appunle busca aportar claridad a la futura regulación. La asociación ha considerado fundamental ceñirse al contenido del artículo 9 de la Directiva, cuyo título coincide con el objeto de la consulta pública: “Normas mínimas de eficiencia energética para edificios no residenciales y trayectorias para la renovación progresiva del parque inmobiliario residencial”.
Así, ha advertido de que no resulta adecuado que la eficiencia energética solo se mida en kWh/m², ya que este indicador refleja el consumo por superficie y año, pero no necesariamente la eficiencia real del edificio. De hecho, la Asociación asegura que “un edificio puede tener el mismo consumo que otro y, sin embargo, ser muy diferente en cuanto a su eficiencia”.
Para justificar esta posición, recuerda que la definición de edificio que figura en el artículo 2 de la Directiva, es la de una “construcción techada con paredes en la que se emplea energía para acondicionar el ambiente interior”. En el caso de las naves logísticas, se incluyen consumos energéticos asociados tanto a la climatización de naves y oficinas, como a las cámaras de conservación en diferentes rangos de temperatura, desde el frío positivo hasta distintas modalidades de congelación.
Por ello, entienden que “no es adecuado referirse al umbral máximo de eficiencia energética especificado” y recuerdan que la Directiva establece que “cada Estado miembro fijará un umbral máximo de eficiencia energética de modo que el 16% de su parque inmobiliario no residencial nacional esté por encima de dicho umbral”, para posteriormente elevar ese porcentaje al 26% a partir de 2033.
En este caso, la Asociación señala que actualmente no dispone de información ni criterio suficiente para valorar si dichos umbrales serán razonables, aunque ha retirado su disposición a colaborar con la Administración para estudiar la fijación de estos parámetros, al considerar que el criterio de eficiencia debería tener en cuenta algo más que el consumo por superficie y año.
Así, Appunle ha hecho hincapié en la importancia de definir el ámbito de aplicación de la futura normativa para evitar cargas innecesarias al sector y garantizar el cumplimiento de los objetivos de eficiencia energética a nivel nacional y europeo. Igualmente, ha manifestado su total disposición a colaborar en el desarrollo de esta regulación, como ya se hizo en el proceso de elaboración de la normativa de incendios, y de aportar su experiencia para encontrar la mejor solución.