El suministro de energía eléctrica a los centros logísticos es esencial para el correcto funcionamiento de las cadenas de suministro, que permiten el abastecimiento de bienes básicos como alimentos, ropa o productos de primera necesidad. Por ello, cualquier restricción o retraso en el acceso a la red eléctrica supondría un “grave riesgo” para la continuidad de las cadenas logísticas y el mantenimiento de la actividad económica.
Así lo ven desde la Asociación de Promotores, Propietarios y Usuarios de Naves Logísticas de España, que ha presentado sus alegaciones al Proyecto de Real Decreto sobre los planes de inversión en redes de transporte y distribución de energía eléctrica. El texto del proyecto, explican, podría “poner en peligro la seguridad del suministro eléctrico”, al no prever niveles de inversión suficientes para que tanto los demandantes como los generadores de energía puedan conectar sus proyectos.
En este sentido, como reflejan los nuevos mapas de capacidad publicados por los gestores de red, actualmente el 83,4% de la red está saturada, lo que impide conectar nueva demanda eléctrica y ha provocado retrasos y negativas en el suministro necesario para el desarrollo de proyectos inmologísticos. Como consecuencia, se han producido paralizaciones, aplazamientos e incluso cancelaciones de iniciativas empresariales.
Además, a pesar de que el aumento del 62% del límite de inversiones supone un avance, en Appunle consideran que “sigue quedándose corto” en comparación con las previsiones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que contempla inversiones de otros países europeos o las estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía.
Consideran, igualmente, que una insuficiente inversión en redes podría vulnerar el derecho de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución reconocido por la Ley del Sector Eléctrico, así como el principio de libertad de empresa protegido por la Constitución Española. En su opinión, los límites máximos de inversión anual en redes de transporte y distribución propuestos en el Proyecto, correspondientes al 0,065% y 0,13% del PIB, podrían no ser suficientes para alcanzar los objetivos del sector eléctrico español.
Agilizar los trámites
Por otro lado, Appunle considera necesario que el futuro Real Decreto incluya medidas para agilizar los trámites administrativos vinculados a la autorización de nuevas instalaciones eléctricas. Así, en las alegaciones al artículo 8, se ha propuesto la fijación de plazos máximos vinculantes para cada fase del procedimiento y la introducción del silencio administrativo positivo en caso de falta de resolución expresa.
Concretamente, se ha solicitado que las comunidades autónomas dispongan de un máximo de 30 días para emitir sus informes, que la CNMC tenga el mismo plazo para pronunciarse y que la Secretaría de Estado de Energía resuelva en un máximo de dos meses. Esto, según la Asociación, “reduciría la incertidumbre temporal, aumentaría la previsibilidad para los inversores y facilitaría el desarrollo de proyectos estratégicos”.
Asimismo, aunque valora de manera positiva que se contemplen incrementos del límite máximo de inversión retribuible para determinadas actividades industriales y residenciales, cree que es un error que el sector logístico y del transporte quede fuera de los beneficiarios potenciales, teniendo en cuenta que representa el 7,9% del PIB nacional, genera un volumen de negocio de 111.000 millones de euros y agrupa a más de 197.000 empresas.
Por ello, se ha exigido al Gobierno que incluya la Sección H del CNAE en la lista de actividades susceptibles de beneficiarse del aumento del techo de gasto de inversión previsto, con el fin de seguir fomentando la eficiencia energética, la intermodalidad y la reducción de las emisiones.
La combinación de una mayor retribución de las inversiones en redes eléctricas y una simplificación de los procedimientos administrativos es imprescindible para garantizar el correcto funcionamiento del sector, concluyen desde Appunle.