El Consejo de Ministros ha dado luz verde en su reunión de esta semana a un real decreto que obliga al uso de facturas electrónicas entre empresas y profesionales.
Tras haberlo intentado anteriormente sin éxito, el Ejecutivo estima que esta medida impulsa la digitalización del tejido empresarial, reduce la morosidad y permite a las empresas, especialmente a las pymes, cobrar antes y con mayor previsibilidad.
Para el Gobierno, al registrar electrónicamente cuándo se emite, se acepta y se paga cada factura, las empresas tendrán mayor control sobre sus cobros y pagos, y, este es el verdadero meollo de la cuestión, la Administración podrá monitorizar los pagos y el cumplimiento real de sus plazos.
¿Qué es la factura electrónica?
El real decreto define la factura electrónica como un fichero estructurado de lectura automatizada e introduce la obligación de informar del estado de cada factura: aceptación y fecha de pago efectivo. Esta trazabilidad completa del ciclo de facturación es la clave para combatir la morosidad.
Las empresas podrán optar por dos vías para intercambiar facturas electrónicas. Bien a través de plataformas privadas, que deberán estar interconectadas entre sí para que ninguna empresa se vea obligada a pertenecer a la plataforma de su cliente, o bien mediante la solución pública y gratuita que desarrolla la Agencia Tributaria y que es accesible para cualquier empresa o profesional que la necesite.
Llegada escalonada entre 2027 y 2028
La factura electrónica B2B permite ahorrar tiempo y recursos en las empresas que la adoptan mediante la automatización de procesos al recibir cientos o miles de facturas al año en formato estructurado que puede leer directamente el software contable de las empresas.
La entrada en vigor será escalonada para facilitar la adaptación de todas las empresas.
De manera particular, el plazo para incoporar la factura electrónica será un año, es decir, en 2027, para aquellas con una facturación de más de ocho millones de euros y de dos años para el resto, ya en 2028.
Estos plazos comenzarán a computar desde la publicación de la orden ministerial de Hacienda que regulará los aspectos técnicos de la solución pública.
El Ministerio de Economía calcula que sectores como el gran consumo, el automóvil o las agencias de viajes han adoptado la facturación electrónica en los últimos años y que los 500-550 millones de facturas en formato electrónico anuales ahorran a las empresas unos 2.700 millones de euros.
Según este Departamento, el número de facturas electrónicas llegara a los dos millones, como ocurre en Italia, el ahorro superaría los 8.000 millones de euros.
