La huelga general convocada la pasada semana en Portugal, que ha sido la primera que tiene lugar en el país en los últimos doce años, ha logrado un seguimiento de más de tres millones de personas según la Confederación General de los Trabajadores Portugueses, unas cifras que, sin embargo, han sido minimizadas desde el Gobierno.
La protesta, convocada por la reforma del estatuto de los trabajadores, se ha producido tras haber llegado a un punto muerto en las negociaciones, con el objetivo de conseguir mejores condiciones y más derechos para los ciudadanos portugueses. En este sentido, quienes salieron el jueves a las calles denuncian que la reforma planteada facilita el despido, amplía el horario laboral y la duración de los contratos temporales, y afecta a derechos como el permiso de lactancia.
Por ello, se celebraron marchas en Lisboa, Oporto, Braga, Évora, Faro, Guarda, Coimbra, Leiria, Santarém, Setúbal y Viana do Castelo, entre otras localidades lusas, para insistir en que esta normativa, tal y como está planteada, supondrá un retroceso en los derechos de los trabajadores.
La huelga ha tenido su efecto, como era de esperar, en sectores como el transporte, con especial incidencia en el metro, trenes de media y larga distancia, y autobuses. Además, el transporte aéreo se ha visto especialmente afectado por los paros, reduciéndose notablemente las conexiones de TAP e Iberia, mientras que Air Europa, según explicaban dede RTVE, optó por cancelar todos sus vuelos con destino u origen en Portugal.
El impacto también fue muy destacado en áreas como la educación, la sanidad, la función pública, la recogida de basuras y las grandes industrias, aunque menor en el comercio, la hostelería y la construcción, como refieren en El País.
