El Consejo de Ministros de esta semana ha dado su visto bueno al Real Decreto que establece el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

Este cambio normativo actualiza las condiciones técnicas y administrativas del proceso para la certificación energética de los edificios, que recoge la información más relevante sobre la situación energética de cada inmueble y desempeña un papel estratégico en la mejora de la calidad de la información energética y la valoración de su rendimiento.

En concreto, la norma regula la metodología y definiciones técnicas para el cálculo de la calificación energética, así como la documentación exigible para tramitar la certificación energética de los edificios y, por otra parte, fija el contenido mínimo del certificado y las condiciones para obtener la etiqueta de eficiencia energética .

La norma, además, actualiza las obligaciones de los promotores y los propietarios de edificios en cuanto a las características técnicas que deben cumplir los inmuebles en materia de certificación energética, tanto en relación con los proyectos de edificación como con las obras terminadas.

Por otro lado, la norma también amplía el parque de edificios obligados a disponer de una certificación de eficiencia energética. De esta manera, aquellas construcciones con una superficie útil total superior a 500 m² y destinadas a un uso administrativo, sanitario, comercial, residencial público, docente, cultural, recreativo, logístico, hostelero o deportivo, que deberán tener su certificado de eficiencia energética.

Finalmente, la regulación distingue entre certificación de eficiencia energética de proyecto y de obra terminada, al tiempo que reduce de diez años a cinco años el período de validez de los certificados de peor calificación energética.

Además, se establece también la obligación, tanto de particulares como de empresas, de mostrar la calificación energética en la publicidad de alquiler o venta de los edificios.