estiba de contenedores

La sentencia de Luxemburgo contra la estiba española ha sido mal entendida por las administraciones, según CCOO.

La sección sindical intercentros de Estiba de CCOO ha dado otra vuelta de tuerca a la reforma de la estiba que debe llevar a cabo España, si quiere cumplir con la sentencia del Tribunal de Luxemburgo.

Casi dos años después de que se dictase la sentencia, desde el sindicato sostienen que ésta ha sido «muy mal entendida» por las administraciones españolas, que pretenden introducir cambios en la legislación española actual «cuando el dictamen solamente dice que hay dos puntos a modificar».

Así lo han señalado en rueda de prensa, este martes 11 de octubre, el delegado de CCOO en el comité de empresa de la Sagep de Vigo, Antonio Pino, el secretario general de la Sección Sindical Intercentros de Estiba del sindicato, José Jorge García, y el secretario de acción sindical del sector Mar, Ernesto Gómez.

Según Gomez, la legislación española debe modificarse para que «no se pueda obligar a ninguna empresa estibadora a formar parte de una Sagep» y tampoco a tener que «tomar» a los trabajadores a través de estas sociedades.

«La única obligación de España es cambiar estos dos puntos y con eso estaría cumplido lo que dijo el Tribunal. Todo lo demás son opiniones respetables pero no son obligaciones para nadie», ha asegurado el secretario.

Críticas «contenidas» al puerto de Vigo

Tras asegurar que «se está intentando destruir la profesionalidad de los estibadores», desde el sindicato han catalogado de «loable», pero no «adecuada» ni «aconsejable», la actuación de López Veiga al frente de la Autoridad Portuaria de Vigo, después de que el organismo haya abierto expediente informativo a las empresas estibadoras, por supuesto incumplimiento de la obligación de contratar un número de trabajadores de la Sagep que represente como mínimo el 25% de su actividad en el cómputo anual.

Según los sindicalistas, es «peligroso» que en Vigo se hayan abierto expedientes informativos a empresas, disminuyendo así su «libertad», cuando la Autoridad Portuaria defiende la liberación de los servicios de carga y descarga, algo que ven «contradictorio».

No obstante, reconocen que «legalmente es posible que el presidente de la APV tenga razón» en la apertura de expedientes, pero advierten que no es «prudente intentar violentar» las relaciones entre los trabajadores y las empresas, solicitando que se apueste «por el diálogo y no la confrontación».

Los representantes de CCOO también se han referido a las negociaciones existentes para la consecución de un nuevo convenio colectivo para el sector en el puerto de Vigo, en el que las partes están pendientes de iniciar una nueva ronda de conversaciones.