Tras la primera reunión mantenida entre la empresa y la representación sindical de Correos, que se ha saldado sin acuerdo, desde CCOO han considerado «abusivos y desproporcionados» los servicios mínimos planteados por la empresa, para las huelgas el jueves 14 en Madrid, el 15 en el resto del estado y el 22 en toda España, que además estarán precedidas de jornadas de paros parciales y concentraciones.

Según indican desde el sindicato, la empresa está planteando hasta el 70% en reparto y urgentes, 100% en servicio rural, 70% en centros de tratamiento y hasta casi el 50% en oficinas, cuando lo «habitual» en huelgas generales para todos los segmentos ha sido el personal necesario o el 5%.

El sindicato ha señalado que después de 13 años y con huelgas generales de por medio, es la primera vez desde 2002 en la que se imponen servicios mínimos en Correos, empresa a la que acusa de «politizar los servicios mínimos con un claro interés de partido», tras catalogar de «cacicada» la decisión.

«Para denunciar la ilegalidad y el abuso de los mismos», desde CCOO han indicado que, si la empresa no rectifica y reduce los servicios mínimos, llevará a Correos a la Audiencia Nacional por vulneración del derecho constitucional y fundamental de huelga de los 52.000 trabajadores de la empresa pública.

Motivos de la huelga

Desde CCOO han acusado al Gobierno, SEPI y Correos de «ser los responsables de generar un conflicto laboral» a las puertas de las elecciones autonómicas y locales, «tras dar un portazo hace mes y medio a las propuestas de los sindicatos» en la negociación del Convenio y Acuerdo, afirman.

Asimismo, han hecho hincapié en que «no pueden imputar su falta de responsabilidad y torpeza a las organizaciones sindicales y trabajadores, como tampoco vetar sus reivindicaciones«.

Así, desde el sindicato señalan que estas huelgas son para mejorar el servicio postal público prestado a los ciudadanos y las condiciones laborales de los trabajadores, con unas propuestas razonables para un colectivo de 52.000 trabajadores en toda España.

Para el mismo, reclaman un incremento salarial «después de años de congelación y recorte que han permitido a la empresa ahorrarse más de 500 millones de euros», y exigen un aumento de plantilla y consolidación de trabajadores fijos «tras la supresión de 15.500 puestos en los últimos cinco años», además de que se garantice la ultraactividad de los derechos.