El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido mantener una política de mano tendida tras la sentencia del Tribunal Supremo en relación con el proceso independentista de Cataluña que, sin embargo, arroja dramáticas consecuencias sobre el tejido empresarial y la economía productiva de la propia región y del resto del país.

Como parte de esta economía productiva, el transporte sufre de primera mano las algaradas, las manifestaciones y los múltiples cortes de carreteras que se están produciendo esta semana en la comunidad autónoma, que culminan este viernes, 18 de octubre, en una huelga general regional, que han dejado a centenares de camiones parados en los arcenes, con el efecto que tiene la situación sobre las cuentas de las empresas, las condiciones laborales de sus trabajadores, sometidos a gran presión, y sobre las relaciones con sus clientes, que esperan una mercancía que quizás nunca llegue.

Ante lo que CETM califica de «inacción del Ejecutivo», y tras solicitar a la Administración Central y al gobierno autónomo que garantice el libre tránsito de mercancías y personas, la organización empresarial también ha pedido a las empresas de transporte «que circulen con cautela y eviten las zonas donde puede generarse mayor tensión».

Así mismo, la confederación también aconseja a los transportistas «que adelanten los envíos en la medida de lo posible y busquen alternativas de recorrido porque es probable que haya dificultades para acceder a los centros de carga y descarga».

Circular por las carreteras nacionales

Al mismo tiempo, Fenadismer ha solicitado formalmente al Departamento catalán de Interior que levante temporalmente la actual prohibición de que los camiones circulen por las carreteras nacionales obligando a su desvío por las autopistas de peaje AP-7 y AP-2, toda vez que para evitar los bloqueos de las protestas, algunos transportistas se están arriesgando a circular por las carreteras nacionales paralelas, principalmente la N-2, N-340 y N-240, lo que conlleva una sanción de 500 euros.