Aena Aeropuertos y Airbus Military construirán un parque industrial aeronáutico en el aeropuerto de Sevilla

El Gobierno posee el 51% de la empresa a través de Enaire.

El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, CNMC, ha criticado que las tarifas aeroportuarias de la red de Aena las fije el Gobierno, propietario de un 51% de la empresa a través de Enaire, y no un organismo independiente como ocurre en el resto de Europa.

Las criticas se han producido en el marco de la jornada de clausura de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Durante la misma, el presidente de la CNMC ha acusado al Gobierno de no haber apoyado  a la institución durante sus tres años de vida y de haber ido despojando al ‘superregulador’ de competencias, obstaculizando así su labor.

La rebaja de tasas aeroportuarias del 1,9% para 2016 se incluyó en los PGE, después de que la CNMC anulara la congelación propuesta por Aena por no ajustarse a la legislación vigente y «no ser correcta» la separación de costes entre las actividades aeroportuarias y comerciales. Aena recurrió sin éxito la resolución del ‘superregulador’ ante la Audiencia Nacional

Para el periodo 2017-2021, Aena ha aprobado la propuesta definitiva del Documento de Regulación Aeroportuaria, que recoge la congelación de tarifas respecto a las vigentes este año, frente a las aerolíneas que pedían una reducción del 2,59% anual para dicho periodo.

Sobre esta propuesta definitiva, la CNMC debe emitir un informe próximamente, dentro del proceso de revisión y aprobación establecido en la Ley 18/2014. El documento final del DORA lo elaborará la Dirección General de Aviación Civil en base a la propuesta de Aena, tras las consultas al sector, y a los informes de los supervisores. Esto debe ser aprobado en Consejo de Ministros antes del 30 de septiembre de 2016.

Asimismo, durante la jornada el presidente de la CNMC también ha criticado la decisión de la Comunidad de Madrid de poner límites al alquiler de viviendas de uso turístico en su Decreto, que ha quedado anulado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por prohibir contratar por un periodo inferior a cinco días, obligando así a estancias superiores.