Sede central de Correos en Madrid

Tras la publicación en agosto del ‘Informe sobre la contratación centralizada de los servicios postales de la Administración General del Estado’ elaborado por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, CCOO ha salido en defensa de Correos, considerando que el organismo «se la tiene jurada» al ente público.

Según el sindicato, el motivo que ha movido a Competencia a realizar este informe, en el que sostiene que Correos todavía posee una posición de privilegio, han sido «los 150 millones de euros que la Administración General del Estado se gastará en servicios postales en los próximos cuatro años» y que Hacienda está a punto de sacar en concurso público.

Así, ha señalado que la patronal de paquetería y logística, UNO, ha anunciado la posibilidad de llevar el concurso a la Audiencia Nacional porque, «según dicen, las condiciones son favorables a Correos». «Y, curiosamente», añade CCCOO, «la CNMC ha puesto en un informe todos los argumentos para «privatizar» esos servicios postales de la AGE, o lo que es lo mismo, para que pasen de Correos a los privados representados por UNO».

Estos argumentos, «claramente ideológicos», cuestionan el criterio aprobado por el Gobierno para centralizar los servicios y, de esta forma, ahorrar gasto público, o las garantías legales que Correos tiene en la distribución de notificaciones. En este sentido, Competencia ha propuesto que no sea necesario exigir dichas garantías «a quien lleve notificaciones a los ciudadanos», que la AGE licite «por chiringuitos» sus servicios postales, y que «incluso se les permita acceder a la red de oficinas de Correos para que puedan instalarlos», afirma el sindicato.

Sin embargo, el Gobierno «mira para otro lado» e incluso, según acusa CCOO «está renunciando a impulsar un Correos que oriente su política empresarial hacia un incremento de los ingresos». En lugar de eso, estaría llevando a la empresa pública a «una caída en picado» de los mismos y a un «recorte brutal» de los gastos como efecto inmediato.

Desde CCOO se ha recordado que, detrás de la caída de los ingresos y del negocio postal, «no sólo hay crisis, sino también ideología», ya que el Gobierno «ha desatendido» el proyecto estratégico de Correos y no ha permitido que Correos «deje su dependencia» de la división postal, sino que habría tomado decisiones en sentido contrario, como es la factura electrónica o el veto a las adquisiciones de paqueterías por parte del ente público.

Además, «se ha puesto de perfil» ante la demanda presentada por los operadores privados en Bruselas exigiendo que el Estado devuelva más de 3.000 millones de euros por ayudas a Correos; tampoco ha parado la concesión de licencias a operadores privados; y, por último, no ha respondido «ni una sola vez» a los operadores privados ni a la CNMC.

Sin embargo, el sindicato ha advertido de que no van a ser los trabajadores «los que paguemos los platos rotos de la inacción»; por lo que han avisado de que habrá movilizaciones si finalmente no se aprueba el acuerdo laboral «como respuesta a los esfuerzos realizados durante estos tres años».