Pese a que en la última semana, el Reino Unido parece haber dado su brazo a torcer en lo que se refiere a la gestión de la frontera en Irlanda, se acerca el final de año y no hay un acuerdo para establecer las relaciones comerciales entre este país y la Unión Europea tras el 'Brexit'.
Así las cosas, parece que la presidenta la Comisión Europea y el primer ministro británico intentarán un acercamiento este fin de semana para cerrar un proceso largo, tedioso y que está generando un alto nivel de incertidumbre en aquellos actores de ambos bloque económicos con intereses comerciales en juego.
Entre ellos se encuentran unos 8.000 camiones españoles que viajaban habitualmente a Gran Bretaña y que aguardan impacientes a conocer el marco definitivo en que desarrollarán sus actividades a partir del próximo 1 de enero, en apenas tres semanas.
Para facilitar la transición, las autoridades británicas han elaborado, según informa Fenadismer, una guía de preguntas frecuentes que incluye información de todos los sectores afectados, entre otros, el transporte por carretera, teniendo en cuanta el gran volumen da camiones que circulan entre la Unión Europea y el Reino Unido, que superan los 4.5 millones anualmente.
En el ámbito del transporte de mercancías por carretera, se confirma que se establecerán controles aduaneros, lo que obligará a realizar las correspondientes formalidades aduaneras exigidas a todas las mercancías que entren en el territorio aduanero de la Unión desde el Reino Unido o que salgan de él hacia el Reino Unido, incluyendo la necesidad de disponer de un EORI.
De igual modo, también se exigirá pasaporte a los conductores profesionales, mientras que el régimen de permisos de conducción y autorizaciones de transporte necesarias para acceder al Reino Unido queda pendiente de un acuerdo definitivo, aunque, en todo caso, el Gobierno británico sugiere la las empresas de transporte la posibilidad de solicitar una autorización CEMT en previsión de que la actual licencia comunitaria europea no fuera válida, de las que España tiene concedido un cupo muy limitado de 800 autorizaciones bilaterales anuales, cifra insuficiente para la flota en servicio.