En su secular tendencia a transformar lo extravagente en cosa corriente, desde la Generalidad de Cataluña se ha aprovechado la presentación de un proyecto de calado como es la Ley de Transición Energética, para devaluar su transcendencia a cambio de volver a insistir con la, a su juicio, «anormalidad democrática» existente en España.

Sin embargo, hablando también de derechos y libertadas, el consejero catalán de Territorio y Movilidad, Damià Calvet ha llamado a los transportistas y al resto de usuarios de las vías catalanas a aceptar «con normalidad» los cortes que desde hace meses se vienen produciendo en diferentes carreteras autonómicas.

Sin ir más lejos, esta misma semana se han producido nuevas movilizaciones separatistas que han cortado la circulación por la A-2 a la altura del municipio ilerdense de Alcoletge durante varias horas.

De igual modo, tanto las propias palabras del consejero Calvet, como los anuncios recientes de diferentes colectivos separatistas vaticinan nuevos cortes, toda vez que unos y otros son conscientes del daño económico y social que producen en un afán desmedido por imponer su visión, sin que parezcan hacer mella en su postura las peticiones de los empresarios catalanes y las advertencias de uno de los principales inversores en la región, como es Seat, para que se recupere una normalidad que permita desarrollar actividades económicas con garantías verdaderamente democráticas.