Inspeccion transporte por carretera

El PP rechaza delegar en las comunidades autónomas la capacidad de conceder licencias de transporte por carretera de ámbito europeo, tal y como solicitaba CiU a través de dos enmiendas presentadas al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en materia de transportes por carretera y por cable, que este jueves ha sido debatida en el Pleno del Congreso.

Según recoge Europa Press, las enmiendas ya fueron rechazadas el pasado 23 de abril en la Comisión de Fomento, que aprobó el texto de modificación presentado por el Gobierno con el apoyo de PP y PNV, la abstención de CiU, UPyD y BNG, y el voto en contra del PSOE y la Izquierda Plural. Sin embargo, al tratarse de una ley orgánica, debe ser votada en el Pleno, por lo que los nacionalistas catalanes han vuelto a insistir en su petición de respaldo a sus enmiendas.

Así, el portavoz adjunto de CiU, Pere Macias, ha defendido que su objetivo es que se delegue en las comunidades autónomas las funciones de otorgamiento, revocación y condicionamiento de las licencias de transporte a nivel comunitario, al considerar que se trata del mercado interior.

«Es un tema simple y muy pedagógico, para que no haya duplicidades en las funciones administrativas. Sólo queremos llevar a la ley lo normal: que un transportista que haga transporte interno europeo tenga el mismo tratamiento que quien lo hace dentro de España. Es de un sentido apabullante«, ha señalado Macias.

Además, el diputado catalán ha expresado su «sorpresa» ante el rechazo de los populares a sus enmiendas dado que «fueron sugeridas desde los despachos del ministerio de Fomento«, cuyos responsables expresaron «verbalmente» su acuerdo con una iniciativa «de tanto sentido común, que ayuda muchísimo y que elimina duplicidades a la hora de dar licencias comunitarias«.

Ampliación de competencia a las CC.AA.

La propuesta del Gobierno amplía las competencias regionales de inspección tanto a los centros de trabajo que haya en su territorio como a los vehículos que circulen por él, independientemente del ámbito territorial del que procedan.

Además, se estipula que las comunidades sólo podrán proponer la resolución de contrato cuando se trate de un servicio público de transporte regular de viajeros de uso general estatal, quedando en manos del Gobierno central la resolución.

Se mantiene, por su parte, la imposibilidad de delegar las facultades sobre inspección y control de fronteras internacionales, así como las funciones de vigilancia del transporte atribuidas a la Guardia Civil.